Más de 40 organizaciones ambientales exigen que se anule la Ley 3692, la cual prohíbe crear nuevas áreas naturales protegidas, públicas o privadas, en la Provincia de Santa Cruz.
Las organizaciones, a través de una carta abierta, se dirigieron a la gobernadora Alicia Kirchner, al director del Consejo Agrario Provincial, Javier de Urquiza, al secretario de Ambiente de Santa Cruz, Mariano Bertinat, al Presidente de la Nación, Alberto Fernández y al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, para demandar la urgente anulación de la Ley.
«Prohibir la protección de la naturaleza es avanzar a contramano del mundo. Los únicos beneficiarios reales de la Ley 3.692 son los capitales extranjeros que pagan grandes sumas a pocos terratenientes para desarrollar actividades extractivistas, obsoletas y cortoplacistas», manifestaron las organizaciones ambientales.
Dicha ley, aprobada en noviembre de 2019 y publicada en el Boletín Oficial provincial Nro. 5.418 del 15 de enero de 2020, impide por el lapso de un año, con posibilidad de extenderse por doce meses más, la creación de nuevas áreas naturales en el territorio de Santa Cruz.
La prohibición de proteger la naturaleza en Santa Cruz cuadriplica las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, los ambientalistas sostienen que el lugar es una de las provincias con menor superficie protegida de Argentina (menos del 8%) y que «la legislatura provincial designó en la última década el 70% de la superficie de la provincia de interés especial para actividades mineras».
La ONG Vida Silvestre declaró que esta prohibición profundiza el problema de fondo: el deterioro de los suelos por sobrepastoreo y la falta de un ordenamiento ambiental del territorio participativo. Este último es la herramienta de gestión que permite abordar de forma integral -y con la participación de todos los actores interesados- las intervenciones en el territorio.
