Montería (Córdoba) lunes, 23 de diciembre de 2024

Los imputados habrían vandalizado cajeros automáticos para afectar usuarios a quienes luego les ofrecían ayuda, para así acceder a datos personales e incurrir en los robos.

Una fiscal de las Estructuras de Apoyo (EDA) de la Seccional Córdoba judicializó a siete personas, presuntos responsables de delitos de concierto para delinquir, obstaculización ilegítima al sistema informático o red de telecomunicaciones y hurto por medios informáticos y semejantes.

Los indiciados

Se trata de José Germán Navarro Blanco, Dioscar Manuel Ladeus Atencio, Ana María Cárdenas Paternina, Andra Margarita Bertel Teherán, Juan David Pérez Ruiz, Karen Paola Domínguez Cardozo y Néstor Eduardo Romero Gil quienes fueron detenidos el 17 de diciembre en Sincelejo (Sucre) por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Armada Nacional.

Los hechos investigados ocurrieron entre agosto de 2023 y junio de este año, cuando los imputados habrían vandalizado cajeros electrónicos de diferentes entidades financieras. De esta manera, generaban problemas a los interesados en usarlos.

En las diligencias de allanamiento y registro incautaron decenas de tarjetas débitos y créditos, al parecer, de las víctimas de los hechos.

Los ahora procesados, al parecer, ofrecían su ayuda a las personas, proceso durante el cual les cambiaban las tarjetas; débito o crédito, para luego realizar transferencias y compras millonarias, sin el consentimiento de los cuentahabientes. Los hurtos habrían sido cometidos en los municipios de Lorica, Sahagún, Cereté, Chinú y Montería (Córdoba); al igual que en los departamentos de Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena.

Estas acciones le habrían permitido a los procesados apropiarse de más de 100 millones de pesos de distintos ciudadanos, en su mayoría de la tercera edad. Entre las víctimas se encuentra un ciudadano de 60 años a quien le hurtaron 19 millones, y un funcionario judicial a quien le robaron 17 millones, mediante compras con tarjeta.

Un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramural a Navarro Blanco. Ladeus Atencio, Cárdenas Paternina, Bertel Teherán y Pérez Ruiz fueron afectados con detención domiciliaria. Por su parte Domínguez Cardozo y Romero Gil quedaron en libertad, pero continúan vinculados a la investigación.

Las autoridades investigan si las mismas personas habrían participado en esos actos delincuenciales en la región de Urabá.