Un juez penal de conocimiento condenó a la máxima pena de 60 años de prisión a Luis Miguel Muñoz Pérez, identificado como sicario del grupo delincuencial organizado ‘Los Costeños’, por su responsabilidad en el ataque armado que dejó seis personas muertas y tres más gravemente heridas, ocurrido el 12 de septiembre de 2022 en el barrio Las Flores, al norte de Barranquilla, departamento del Atlántico.
La decisión judicial se produjo tras valorar las pruebas aportadas durante el juicio oral por la Fiscalía General de la Nación, las cuales permitieron establecer plenamente la participación directa de Muñoz Pérez en los hechos que conmocionaron a la ciudad.
De acuerdo con la investigación, liderada por una fiscal adscrita a la Dirección de Apoyo Territorial, el hoy condenado actuó en compañía de otros hombres armados. El grupo criminal se movilizaba en una camioneta, de la cual descendieron para abrir fuego de manera indiscriminada contra varias personas que se encontraban departiendo frente a un establecimiento de comercio del sector.
Las víctimas, que se encontraban en un espacio abierto y sin posibilidad de resguardo inmediato, fueron sorprendidas por la violenta arremetida, lo que ocasionó la muerte de seis de ellas en el lugar de los hechos y dejó a otras tres con heridas de gravedad.
Las labores investigativas permitieron establecer que el ataque armado habría sido ordenado por Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, señalado como máximo cabecilla del grupo criminal ‘Los Costeños’.
Según la Fiscalía, la masacre hizo parte de una disputa violenta entre estructuras delincuenciales por el control de rentas ilícitas en diferentes sectores de Barranquilla, conflicto que ha generado múltiples hechos de sangre en esa región.
Como resultado del proceso judicial, el juez declaró a Luis Miguel Muñoz Pérez penalmente responsable de los delitos de: Homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa agravado, y Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, igualmente agravado.
La autoridad judicial impuso la pena máxima prevista por la ley, la cual deberá ser cumplida privado de la libertad en un centro carcelario, sin beneficio de excarcelación.
Finalmente, se informó que la sentencia es de primera instancia, por lo que contra la decisión proceden los recursos de ley, conforme al ordenamiento jurídico colombiano.
