El Gobierno Nacional confirmó que los subsidios al ACPM (diésel) se mantendrán para el transporte público de pasajeros y de carga, mientras que dejarán de aplicarse de manera general a los vehículos de servicio particular, diplomático y oficial, como parte de una estrategia para focalizar mejor los recursos públicos y reducir el impacto fiscal del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).
La medida quedó establecida mediante el Decreto 1428 de 2025, expedido por el Ministerio de Minas y Energía, con el respaldo técnico del Ministerio de Hacienda. Según el Gobierno, el objetivo es corregir distorsiones históricas en el uso de los subsidios al diésel, que venían beneficiando por igual a todos los tipos de vehículos, sin diferenciación por su función social.
El origen del problema fiscal
De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, desde su creación en la Ley 1151 de 2007, el Fepc tuvo como propósito amortiguar las fluctuaciones del precio internacional de los combustibles y evitar impactos bruscos en el mercado interno.
Sin embargo, en los últimos cuatro años, el déficit del Fepc superó los $70 billones, debido a que el ACPM se mantuvo a precios internos controlados, mientras Ecopetrol adquiría el combustible a valores más altos en el mercado internacional, diferencia que fue asumida por la Nación como subsidio generalizado.
Subsidios más focalizados y progresivos
En los considerandos del decreto, el Gobierno advierte que los recursos destinados al Fepc podrían reorientarse hacia programas sociales o de inversión pública con mayores retornos sociales y económicos.
“El nuevo esquema busca establecer una diferenciación clara entre los vehículos que cumplen funciones esenciales —como el transporte de carga y pasajeros— y aquellos de uso particular, oficial o diplomático”, señala el documento oficial, con el fin de mejorar la equidad y la progresividad del subsidio al diésel.
Con esta decisión, el precio del ACPM para vehículos particulares, oficiales y diplomáticos se acerca a su valor real, mientras que el transporte público queda expresamente excluido de la medida, para no afectar el precio de los alimentos, el transporte ni el bolsillo de los hogares colombianos.
“El subsidio debe cumplir una función social”
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, explicó que la medida no representa un aumento generalizado del combustible.
“El subsidio a los combustibles debe estar donde cumple una función social. Proteger al transporte público es proteger el empleo, la producción y el costo de vida de millones de familias colombianas”, afirmó el funcionario, al señalar que el nuevo mecanismo busca mayor equidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Implementación gradual y por municipios
El Decreto 1428 de 2025 establece que la implementación del mecanismo diferencial de estabilización del precio del diésel se hará de forma gradual y focalizada, comenzando en las principales ciudades y áreas metropolitanas del país, lo que permitirá evaluar su impacto antes de extenderlo a otros municipios.
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Inicialmente, la medida aplicará en los siguientes territorios:
- Antioquia: Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, Medellín y Sabaneta.
- Atlántico: Galapa, Malambo, Soledad, Barranquilla y Puerto Colombia.
- Bogotá, D.C.
- Bolívar: Arjona, Cartagena de Indias, Clemencia, Santa Catalina, Santa Rosa, Turbaco y Turbana.
- Córdoba: Cereté, Ciénaga de Oro, Montería, San Carlos y San Pelayo.
- Cundinamarca: Bojacá, Cajicá, Chía, Cota, El Rosal, Facatativá, Funza, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá.
- Magdalena: Ciénaga, Pueblo Viejo, Santa Marta y Zona Bananera.
- Risaralda: Dosquebradas, La Virginia, Pereira y Santa Rosa de Cabal.
- Santander: Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.
- Tolima: Alvarado, Cajamarca, Ibagué, Piedras y Venadillo.
- Valle del Cauca: Cali, Candelaria, Jamundí, Palmira, Vijes y Yumbo.
El ministro Palma reiteró que no se afecta el diésel del transporte público, sino que se corrige un subsidio “que no era justo ni sostenible”, para proteger las finanzas del Estado y priorizar el gasto social.
