Las tensiones políticas volvieron a aumentar luego de que el exsenador Gustavo Bolívar afirmara que, si el presidente Gustavo Petro fuera amenazado con una eventual extradición sin un proceso judicial, existirían razones para suspender el empalme con el gobierno entrante y solicitar el acompañamiento de organismos internacionales.

El pronunciamiento se produjo tras las declaraciones de Carlos Alonso Lucio, integrante del equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien aseguró que, de existir fundamentos jurídicos, el nuevo gobierno impulsaría la extradición del actual mandatario.

Bolívar calificó esa posibilidad como un «crimen de odio» y sostuvo que ningún presidente debe ser perseguido por motivos políticos. Además, señaló que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podrían actuar como garantes para evitar una eventual persecución contra la oposición durante la transición gubernamental.

Las declaraciones reavivaron el debate político en el país. Expertos recuerdan que la extradición de un ciudadano colombiano no depende de la decisión del presidente de turno, sino de un procedimiento judicial y de una solicitud formal presentada por otro Estado, conforme a la Constitución, la ley y los tratados internacionales.