Una contundente decisión judicial fue adoptada en Apartadó contra el reconocido exconcejal y comerciante Wildeman Eloy Cárdenas Amariles, quien fue sancionado con un mes de arresto, una multa superior a los 12 millones de pesos y la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación, tras incumplir una orden de tutela que le exigía reintegrar a una trabajadora despedida mientras se encontraba en estado de embarazo.
La decisión fue proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Apartadó, al resolver el incidente de desacato y concluir que el comerciante no cumplió el fallo constitucional que protegía los derechos fundamentales de la empleada a la estabilidad laboral reforzada, el mínimo vital y la igualdad.
El origen del proceso
El caso se remonta a la acción de tutela presentada por la trabajadora, quien denunció haber sido despedida durante su embarazo. Tras estudiar el expediente, la justicia ordenó en mayo de 2026 su reintegro al cargo que desempeñaba o a otro de igual o superior categoría y con la misma remuneración, al considerar que gozaba de la protección especial prevista por la ley para las mujeres gestantes.
Sin embargo, la orden judicial no fue cumplida, lo que dio origen al incidente de desacato.
La defensa del comerciante
Durante el trámite, Wildeman Eloy Cárdenas Amariles sostuvo que le era imposible cumplir la decisión porque ya no contaba con empresa activa, establecimiento de comercio, trabajadores en nómina ni estructura empresarial que permitiera el reintegro.
No obstante, el despacho judicial concluyó que esas afirmaciones no demostraban una imposibilidad real de cumplir el fallo.
En la providencia también fueron analizados documentos que evidenciaban aportes al Sistema General de Seguridad Social y una comunicación suscrita por el propio comerciante en la que contemplaba la posibilidad de volver a vincular laboralmente a la trabajadora en otra actividad.
Para el juez, estos elementos desvirtuaron los argumentos presentados por el sancionado y evidenciaron que existían alternativas para cumplir la orden constitucional.
La sanción fue endurecida
Inicialmente, el desacato había sido castigado con tres días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Sin embargo, tras revisar nuevamente el caso y constatar que persistía el incumplimiento, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Apartadó decidió aumentar la sanción a un mes de arresto y una multa superior a los 12 millones de pesos, al considerar que se mantenía el desacato a la decisión judicial.
Fiscalía investigará el caso
Además de la sanción, el despacho ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se investigue si la conducta del comerciante podría constituir el delito de fraude a resolución judicial, contemplado en la legislación penal colombiana.
La decisión reafirma la protección constitucional que ampara a las mujeres embarazadas frente a despidos y destaca las consecuencias legales que puede enfrentar quien incumpla una orden emitida por un juez de tutela.
