El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual se declaró la Emergencia Económica y Social en el país, y advirtió que esta medida tendrá consecuencias para la sociedad colombiana.
Desde su cuenta oficial en la red social X, el mandatario expresó su inconformidad con el fallo del alto tribunal y aseguró que la suspensión del decreto favorece a los sectores más ricos del país.
“Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor”, escribió el jefe de Estado.
Petro agregó que el impacto de esta decisión se verá reflejado en el futuro y que será la sociedad la que termine asumiendo los efectos de la coyuntura económica. “En el fondo, la sociedad colombiana decidirá quién pagó los efectos de la tasa de interés del Banco de la República y de la especulación financiera del país, solo basta esperar”, señaló.
Decretos siguen vigentes
En otro mensaje, el presidente aclaró que la determinación de la Corte Constitucional no tiene efectos retroactivos, por lo que los decretos expedidos durante la vigencia de la emergencia continúan amparados por la ley.
“Se suspende a partir de la fecha, pero al estar vigente antes de esta fecha, los decretos derivados gozan de presunción de legalidad”, explicó.
La decisión del tribunal fue adoptada con seis votos a favor y dos en contra, lo que permitió dar vía libre a la ponencia del magistrado Carlos Camargo, quien solicitó la suspensión provisional de la norma mientras la Sala Plena emite un fallo de fondo.
Gobierno advierte riesgo social
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó su profunda preocupación por la suspensión de la Emergencia Económica y advirtió que esta decisión podría derivar en una emergencia social.
“El levantamiento de la Emergencia Económica termina generando una emergencia social. Esta decisión protege a los sectores más ricos y bloquea recursos que podían destinarse a la población que más los necesita”, afirmó el ministro.
Benedetti sostuvo que la medida limita gravemente la capacidad del Gobierno nacional para enfrentar la crisis fiscal y financiera, reduciendo recursos destinados a programas sociales, inversión pública y obligaciones esenciales del Estado, con un impacto directo sobre las clases populares.
Finalmente, recordó que el país atraviesa un contexto de déficit fiscal estructural, alto nivel de riesgo financiero y presiones sobre la deuda pública y el sistema de seguridad social, factores que, según el Gobierno, justificaban la declaratoria de la emergencia.
