La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, y a otras cuatro personas por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en junio de 2024 para el suministro de alimentos destinados a los animales del centro de protección de la capital tolimense.

De acuerdo con el ente acusador, junto a la mandataria fueron imputados Johana Carolina Veloza Guio, asesora de despacho; Jessika Soto Salas, abogada de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Ibagué; el exsecretario de Gobierno Edward Amaya Márquez; y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga.

La investigación adelantada por la Fiscalía estableció que el contrato habría sido adjudicado a una empresa que no contaba con experiencia en el suministro de alimentos para perros y gatos y que tampoco se habrían garantizado condiciones de pluralidad de oferentes durante el proceso de contratación.

Según el material recopilado por los investigadores, la alcaldesa Johana Aranda habría delegado el ordenamiento del gasto en el entonces secretario de Gobierno, Edward Amaya Márquez, y presuntamente impartido instrucciones para adjudicar el contrato a una empresa que prestaba servicios de aseo para la administración municipal y varias instituciones educativas de la ciudad.

Asimismo, la Fiscalía señaló que Veloza Guio, Soto Salas y Amaya Márquez habrían participado en la celebración del contrato pese a conocer que la empresa seleccionada no tenía relación con el objeto contractual ni experiencia acreditada en el suministro de alimentos para animales.

La investigación también indica que presuntamente fueron elaborados estudios con precios alejados de las condiciones reales del mercado y que únicamente se solicitaron cotizaciones a dos contratistas, entre ellos el adjudicatario, cuyos representantes legales tendrían vínculos de parentesco.

Por otra parte, el contratista Ernesto Alfonso Quiroga habría permitido el direccionamiento del proceso contractual a su favor y obtenido presuntos sobrecostos por un valor de 34.991.000 pesos.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima imputó a los procesados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.