El pasado 29 de noviembre, la Contraloría General de la República, alertó que 28 mil mercados destinados para niños necesitados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- durante la pandemia por el COVID-19, fueron ‘entregados’ a 15.000 personas fallecidas, por lo que operadores en 38 municipios están siendo investigados por el ICBF.
María Fernanda Rangel, directora de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría, contó cómo se detectaron los casos:
«Fue un trabajo que se inició revisando las 120.000 planillas proporcionadas por el ICBF, donde aparece registrada el recibo de dichas canastas. Se armó una gran base de datos para jerarquizarlos y se realizó un cruce con la Registraduría Nacional, se necesitaba saber si estas personas existían, estaban vivas o estaban fallecidas”, mencionó Rangel.
El trabajo de verificación se desarrolló durante aproximadamente cuatro meses, durante el cual también se conoció que se estaban presentando suplantaciones y duplicidad en cédulas en el proceso para entregarlos.
“Claramente, si el modelo hoy me está arrojando que hay 15.000 fallecidos que recibieron más de 28.000 canastas , esas canastas no llegaron a los niños”, sostuvo Rangel.
Otro caso similar mencionado por la Funcionara es en el que personas recibieron más de 100 canastas alimenticias: “Ningún tutor, tío, familiar o cualquiera que se identifique como tutor, tiene más de 100 niños a cargo”.
Sobre los contratistas que podrían ser los responsables de la situación, Rangel indicó que aún no se pueden dar detalles, pues están siendo investigados. Sin embargo, sí habló de lo que pudo haber ocurrido, y mencionó que ante la magnitud de lo que se ha establecido hasta ahora, el informe irá a la Dirección de Anticorrupción:
“Hoy en la fase preliminar podemos detectar que no hubo una rigurosidad en los operadores al momento de entregar dichas canastas. No estoy hablando de todos los operadores, de los que tenemos identificados, que entregaron canastas a personas fallecidas”, afirmó.
Atlántico, La Guajira, Sucre, Magdalena y Bogotá son algunas de las regiones de Colombia donde la Contraloría identificó la entrega de mercados a personas fallecidas y que estaban dirigidos a niños necesitados.
