Cerca de 600 personas estarían en riesgo y al menos diez veredas fueron afectadas por la confrontación armada. Las comunidades denuncian que solo una persona por vivienda puede quedarse para cuidar los animales.
Una nueva ola de violencia afecta la zona rural del municipio de Briceño, en el norte de Antioquia, donde se reportan enfrentamientos entre el frente 36 de las disidencias de las F4rc y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Cl4n del G0lf0.
De acuerdo con reportes locales y organismos de derechos humanos, al menos diez veredas se encuentran bajo amenaza, entre ellas Palmichal, El Hoyo, Palestina, Polvillo, Las Auras, La Calera, Cedral, Roblal, Travesías, La Molina y La Correa.
Las comunidades aseguran que grupos armados ilegales les ordenaron abandonar sus viviendas, permitiendo que únicamente una persona por casa se quedara para cuidar los animales o atender a personas enfermas. Se calcula que alrededor de 600 personas podrían estar en riesgo de desplazamiento forzado.
Combates y desplazamientos
Las autoridades locales han advertido que la confrontación entre las disidencias y el Cl4n del G0lfo busca el control de los corredores de movilidad, las rutas del narc0tráfic0 y las economías ilegales que operan en la zona.
Durante los últimos meses, Briceño ha sido escenario de repetidos enfrentamientos armados. En diciembre de 2023 más de 900 personas fueron desplazadas de 16 veredas; en enero de 2025 la Defensoría del Pueblo reportó la salida forzada de otras 58 familias, y en abril la Gobernación de Antioquia denunció que las disidencias estaban constriñendo a la población civil para participar en manifestaciones en favor del cese al fuego.
La más reciente alerta, registrada esta semana, indica que los combates continúan en áreas rurales.
Falta de garantías
Las familias afectadas estarían preparando su desplazamiento hacia la cabecera municipal de Briceño, a la espera de apoyo institucional. Sin embargo, el acceso humanitario a varias veredas sigue siendo limitado debido a los combates y al control territorial de los grupos armados.
Organizaciones sociales advierten que las órdenes de desalojo y restricción de movilidad constituyen graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, al involucrar a la población civil en la disputa.
Llamado al Gobierno Nacional
Líderes comunitarios piden la intervención inmediata de las autoridades civiles y militares, así como la presencia de la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Antioquia y la Unidad de Víctimas para garantizar asistencia y protección.
La situación refleja la persistente vulnerabilidad de las comunidades rurales del norte de Antioquia, que continúan atrapadas entre el fuego cruzado de estructuras armadas que se disputan el control del territorio.
