Ipiales (Nariño) — Ocho presuntos integrantes de una red criminal dedicada al tráfico de migrantes fueron judicializados por las autoridades, tras una operación liderada por la Fiscalía en coordinación con la Policía. La organización ilegal habría movilizado ciudadanos extranjeros desde las fronteras con Venezuela y Ecuador hasta el Golfo de Urabá, con destino final en Panamá.

Según las investigaciones, la estructura criminal —autodenominada ‘Los del Patio’— contactaba a migrantes en Cúcuta (Norte de Santander) e Ipiales (Nariño), donde les ofrecían transporte y hospedaje para facilitar su paso irregular por Colombia.

Los migrantes, muchos provenientes de Chile, Perú y Ecuador, eran trasladados en buses de turismo hasta un parqueadero en el sector de Las Cruces, en Ipiales. Desde allí, eran agrupados y llevados clandestinamente por vía terrestre hasta Necoclí (Antioquia), en el Urabá antioqueño, uno de los puntos más usados para cruzar hacia la selva del Darién rumbo a Panamá y Centroamérica.

Víctimas golpeadas y extorsionadas

Durante la investigación, varias víctimas denunciaron haber sido golpeadas, amenazadas con armas de fuego y despojadas de sus pasaportes, especialmente cuando no lograban pagar el monto total exigido por la red, que oscilaba entre 150 y 200 dólares, además de otras cuotas impuestas en el camino.

Capturas e imputaciones

En diligencias realizadas en Ipiales y Medellín, las autoridades capturaron a ocho presuntos miembros de la red. Durante los allanamientos se incautaron un arma de fuego, municiones, celulares, dinero en dólares y pesos colombianos.

Los capturados:  José Ovidio Vargas Pelay (cabecilla).  Leonardo Antonio Paredes Pérez, Danyelo José Islanda Toca, David José Islanda Toca, Edwin Manuel Morelos, Luis Alfredo Rúa Rivero, Carlos Eduardo Esaa Barrios, y Maikel Javier Virgüez.

Una fiscal de la Seccional Nariño los presentó ante un juez de control de garantías, donde se les imputaron los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico de migrantes y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Ninguno aceptó los cargos, pero deberán asumir el proceso en centro carcelario.