El Gobierno Nacional fortaleció su política de desmovilización y reincorporación de integrantes de estructuras criminales, mediante una nueva directiva que introduce incentivos económicos diferenciados y un enfoque centrado en la atención humanitaria.
Según datos del Ministerio de Defensa Nacional, en el marco del Gobierno del Cambio, 450 personas se han desmovilizado, 891 han sido desvinculadas y más de 1.800 se han sometido a la ley durante los últimos tres años. Estas cifras reflejan un incremento sostenido de los procesos voluntarios de abandono de los grupos armados ilegales.
El Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD), adscrito al Ministerio de Defensa, coordina la acogida, atención y verificación de las personas que deciden dejar las armas. Su labor se enmarca en una política integral de paz, reintegración y seguridad humana, que articula esfuerzos con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y autoridades locales.
Nuevos incentivos y enfoque de acompañamiento
La Directiva Permanente 18 de 2025, firmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, actualiza los incentivos económicos y redefine las rutas de atención inicial. Las bonificaciones varían según el rol, la colaboración y la información aportada por el desmovilizado.
Los montos oscilan entre 2,5 salarios mínimos legales mensuales por la desvinculación de un menor, y hasta 280 salarios mínimos por la presentación de un cabecilla principal, además de recompensas por la ubicación de laboratorios, campos minados o dinero ilegal.
Una de las principales novedades es la creación de los “Hogares de Paz”, espacios temporales de acogida donde los desmovilizados y sus familias reciben, durante 90 días, alimentación, alojamiento, atención psicosocial y orientación jurídica. En ese periodo, las entidades competentes recopilan información y definen la ruta de reintegración social, educativa y productiva.
Historias que reflejan el cambio
Entre los casos acompañados por el GAHD está el de “Sofía”, quien fue reclutada por el Clan del Golfo cuando tenía ocho años. En su testimonio, entregado al Ministerio de Defensa, relató que fue víctima de abusos y que a los doce años fue obligada a participar en actos de violencia.
“Todo eso que le dicen es mentira. Allá uno sale o es volado o muerto”, recordó. Hoy, con el acompañamiento institucional, cursa formación técnica y lidera un proyecto productivo junto a otras mujeres desmovilizadas. “Mi invitación es que no caigan en esas trampas, que eso no es realidad”, expresó.
Resultados y desafíos
Según cifras del Ministerio de Defensa y la ARN, el 93 % de los beneficiarios supera afectaciones emocionales y el 82 % logra alfabetizarse o retomar sus estudios formales durante el proceso de reincorporación.
No obstante, las autoridades reconocen desafíos persistentes, como la estigmatización social, la vulnerabilidad en materia de seguridad y la reintegración económica sostenible en territorios donde la presencia del Estado sigue siendo limitada.
“El éxito de esta política depende de que logremos transformar los territorios. Sin oportunidades reales, no puede haber seguridad”, sostuvo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, al referirse a la importancia de vincular al sector privado y a las comunidades locales en la construcción de paz.
Con la implementación de esta nueva directiva, el Gobierno espera consolidar una ruta más humana, transparente y efectiva para quienes optan por dejar la violencia y reconstruir su proyecto de vida en el marco de la legalidad.
