En medio de un acto político del candidato presidencial Iván Cepeda, realizado en la tarde del viernes 13 de febrero de 2026 en el coliseo del barrio Policarpa, en el municipio de Apartadó, zona de Urabá, la cabeza de lista al Senado de la República, Carolina Corcho, lanzó duras críticas contra la decisión del Consejo de Estado que tumbó el decreto del salario mínimo.
Durante su intervención, Corcho afirmó que la decisión judicial constituye una nueva prueba de la instrumentalización de la justicia con fines políticos, lo que calificó como un claro caso de lawfare o guerra jurídica contra el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Según la dirigente política, el Consejo de Estado estaría vulnerando el derecho de los trabajadores a un ingreso digno y desconociendo la autonomía presidencial, al imponerse como un “superministro de economía” en lugar de limitarse a su función como juez. A su juicio, al fijar lineamientos de política económica, el alto tribunal estaría quebrantando la voluntad popular expresada en las urnas.
Corcho también sostuvo que la decisión ignora los efectos positivos de los incrementos del salario mínimo, señalando que han contribuido a reducir el desempleo, a impulsar el consumo interno y a fortalecer el crecimiento económico, especialmente en los sectores más vulnerables del país.
En su discurso, la cabeza de lista al Senado afirmó que tanto la justicia como el Congreso se han puesto al servicio de intereses poderosos, en contravía del pueblo colombiano y del mandato constitucional de garantizar un salario vital y digno.
Otros fallos citados como parte de la “guerra jurídica”
Durante su intervención, Corcho enumeró otros casos que, según ella, hacen parte de esa estrategia de guerra jurídica contra las reformas del Gobierno:
- La anulación del decreto que permitía al Gobierno regular las tarifas de energía.
- El bloqueo del decreto que habilitaba a las juntas de acción comunal para construir vías terciarias.
- La negación del decreto de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional.
- La actuación de la Corte Constitucional como cobradora de cuentas de las EPS.
- La decisión que tumbó el artículo que gravaba a las petroleras y mineras, lo que calificó como un “exabrupto jurídico” que habría representado una pérdida cercana a 6 billones de pesos.
- El fallo que declaró insuficiente la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en salud y ordenó aumentar las transferencias, lo que interpretó como una nueva intervención en política pública.
Las declaraciones de Corcho se dieron en un ambiente de movilización política en Urabá, donde sectores del Pacto Histórico respaldaron la candidatura presidencial de Iván Cepeda y defendieron las reformas impulsadas por el Gobierno del Cambio.
