La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al excanciller Álvaro Leyva Durán como presunto responsable del delito de prevaricato por acción, en un caso relacionado con el proceso de contratación para la expedición de pasaportes en el país.
De acuerdo con el ente acusador, el exfuncionario habría emitido actos administrativos que, presuntamente, buscaban obstaculizar la licitación pública 001 de 2023.
El contrato en el centro de la polémica
El proceso contractual tenía como objetivo: La expedición, almacenamiento y entrega de pasaportes, que tenían vigencia hasta el 31 de julio de 2026, con un valor aproximado de 559.000 millones de pesos
Según la investigación, una unión temporal había cumplido con los requisitos y había sido recomendada para adjudicación por el comité evaluador.
controversia
Pese a ese escenario, el 13 de septiembre de 2023, Leyva firmó la Resolución 7485 mediante la cual:
👉 Declaró desierta la licitación
👉 Argumentó la existencia de un único oferente
Posteriormente fue presentado un recurso de reposición por el proponente que fue negado y se mantuvo la decisión inicial.
Ese mismo día, el excanciller emitió un nuevo acto administrativo declarando la urgencia manifiesta, lo que permitió avanzar hacia la contratación directa sin licitación.
¿Por qué lo acusa la Fiscalía?
Para la Fiscalía, estas actuaciones podrían constituir prevaricato por acción, al considerar que:
- Se habrían expedido decisiones contrarias a la ley
- Se habría extralimitado en sus funciones
Además, la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia indicó que estas decisiones:
- Pusieron en riesgo la continuidad del servicio de pasaportes
- Afectaron el derecho de los ciudadanos a la libre movilidad
Uso de la urgencia manifiesta
Uno de los puntos centrales del proceso es la declaratoria de urgencia manifiesta, una figura legal que permite contratar directamente en situaciones excepcionales.
Según la Fiscalía, en este caso, no se justificaría plenamente su uso y habría servido para evitar el proceso licitatorio.
Persistencia en la decisión
Otro elemento relevante es que, pese a los recursos presentados y la posibilidad de reconsiderar, el excanciller ratificó sus decisiones, no modificó los actos administrativos cuestionados, lo que refuerza, según la investigación, la posible responsabilidad penal.
Con la acusación formal, el caso entra en una nueva etapa judicial en la que se definirá la responsabilidad del exfuncionario ante la justicia.
