La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) reconoció los avances del Gobierno colombiano y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016, especialmente en materia de Justicia Transicional Restaurativa, durante reciente visita oficial a Colombia.
Entidades del Gobierno nacional, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) presentaron a la delegación internacional los principales progresos en la investigación, juzgamiento y sanción de crímenes internacionales, así como las medidas adoptadas para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado.
La Fiscalía de la CPI destacó que Colombia ha fortalecido su sistema de justicia transicional bajo el principio de complementariedad, en el marco del Acuerdo de Cooperación firmado en 2021 entre el país y ese organismo internacional. Entre los avances resaltados se encuentran la emisión de sentencias, la calificación jurídica de conductas graves y la identificación de patrones macro-criminales, elementos clave para esclarecer la verdad y garantizar la no repetición.
Asimismo, la CPI subrayó el liderazgo global de Colombia en materia de justicia transicional, resaltando que el modelo restaurativo adoptado tras el Acuerdo de Paz de 2016 se ha convertido en un referente internacional por su carácter innovador y su enfoque colectivo y social, orientado a la reparación integral de las víctimas y la reconstrucción del tejido social.
Estas apreciaciones fueron expresadas al cierre de la novena sesión ordinaria de la Instancia de Articulación (Insart), un espacio de coordinación entre el Gobierno nacional, la JEP y la UBPD para evaluar la implementación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.
El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, explicó que el Gobierno, la Jurisdicción y la Unidad de Búsqueda operan como un sistema articulado que facilita la implementación de las sentencias restaurativas.
Según Ramelli, estas decisiones judiciales deben estar respaldadas por proyectos concretos que reparen los daños ocasionados por el conflicto armado y, al mismo tiempo, garanticen condiciones de seguridad y habitabilidad para que los comparecientes puedan cumplir con las sanciones impuestas.
El reconocimiento de la CPI refuerza la legitimidad internacional del proceso de paz colombiano y ratifica el respaldo de la comunidad internacional al Acuerdo Final, considerado uno de los procesos de justicia transicional más complejos y avanzados del mundo.
