El Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la Resolución 1099 de 2026, mediante la cual adopta un nuevo Modelo de Atención en Salud para las Personas Privadas de la Libertad (PPL) bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), con el propósito de fortalecer la garantía del derecho fundamental a la salud dentro de los establecimientos penitenciarios del país.

La nueva normativa deroga las resoluciones 5159 de 2015 y 3595 de 2016, actualizando la política de atención sanitaria para esta población con un enfoque más integral, diferencial y acorde con las necesidades actuales del sistema penitenciario colombiano.

Según informó el Ministerio de Salud, el modelo busca garantizar una atención continua, oportuna y de calidad mediante la implementación de la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS), el fortalecimiento de la articulación institucional y una mayor capacidad de respuesta dentro de los centros de reclusión.

Entre las principales novedades se encuentra la incorporación de modalidades como la telesalud y la prestación de servicios extramurales, herramientas que permitirán ampliar la cobertura y facilitar el acceso a consultas especializadas para las personas privadas de la libertad.

Asimismo, la resolución contempla la implementación de protocolos adaptados a las condiciones particulares de los establecimientos penitenciarios y establece un plan de transición que permitirá aplicar el nuevo modelo de manera gradual sin afectar la continuidad de los servicios médicos actualmente en funcionamiento.

El Ministerio destacó que el modelo incorpora enfoques diferenciales para responder a las necesidades específicas de diversos grupos poblacionales dentro de las cárceles, incluyendo a los menores de tres años que conviven con sus madres en los establecimientos de reclusión del orden nacional.

Además, desarrolla lineamientos para la organización del aseguramiento en salud, la gestión integral del riesgo, los procesos de referencia y contrarreferencia entre instituciones médicas y los mecanismos de seguimiento y evaluación de la prestación de los servicios.

La estructura del nuevo modelo está compuesta por seis componentes fundamentales: la prestación de servicios de salud, la Red Integral e Integrada de Prestadores para la Población Privada de la Libertad (RIIPPL), las condiciones de calidad, el sistema de referencia y contrarreferencia, las acciones de salud pública y el seguimiento permanente de su implementación.

Como parte de la estrategia, se estableció una clasificación de los centros de reclusión en cinco categorías de Unidades de Atención Primaria (UAP), teniendo en cuenta factores como el número de internos, las condiciones de seguridad, las características jurídicas y la ubicación geográfica de cada establecimiento. Esta medida busca optimizar la distribución de recursos y mejorar la capacidad de atención en todo el sistema penitenciario.

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La cartera de Salud señaló que esta actualización representa uno de los avances más importantes en materia de salud penitenciaria desde 2015, al consolidar un modelo estructurado e integral que responde tanto a los mandatos legales vigentes como a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-494 de 2023 y el Auto 1677 de 2025.

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