El Gobierno nacional reconoció como gestor de paz a Sadid Darío Rojas, conocido como Samir e identificado por las autoridades como integrante del frente 36 de las disidencias de las FARC, mediante una resolución firmada el 21 de noviembre de 2025.
La decisión se produjo mientras avanzan investigaciones en las que Rojas aparece mencionado por el derribo de un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, el 21 de agosto de 2025, hecho en el que murieron 13 uniformados.
Aunque otro grupo armado se atribuyó la autoría del ataque, organismos de seguridad mantienen abiertas varias líneas investigativas que incluyen a miembros del frente 36, entre ellos alias Samir.
Según fuentes oficiales, la designación hace parte de la estrategia del Gobierno para facilitar contactos con estructuras armadas y explorar diálogos y eventuales ceses de hostilidades en zonas del nororiente antioqueño donde estos grupos mantienen presencia.
La resolución ha generado reacciones encontradas en sectores institucionales, organizaciones de víctimas y comunidades de la región, que pidieron claridad sobre los alcances jurídicos de la figura de gestor de paz y su posible impacto en los procesos penales en curso.
Frente a estas inquietudes, autoridades vinculadas al proceso explicaron que la designación no implica la suspensión automática de investigaciones o medidas judiciales, y que su propósito es estrictamente operativo dentro de la estrategia de negociación.
El caso ha reabierto el debate nacional sobre la participación de personas investigadas en mecanismos de interlocución con el Estado, mientras expertos y organizaciones civiles cuestionan cómo equilibrar los compromisos de justicia con las necesidades operativas de un proceso de paz en desarrollo.
Con esta decisión, el Gobierno intenta avanzar en su política de paz total.
