La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exsecretario de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gestión del Riesgo de Girón (Santander), Juan Carlos Pinto Lorza, como presunto responsable del delito de constreñimiento al sufragante, por hechos que habrían ocurrido durante el proceso electoral regional de 2023.
De acuerdo con la investigación adelantada por el ente acusador, los hechos se remontan a octubre de ese año, cuando Pinto Lorza ejercía funciones relacionadas con el abastecimiento de agua potable en distintos sectores del municipio.
Según la Fiscalía, el entonces funcionario habría utilizado su posición dentro de la administración municipal para presionar a habitantes del barrio Antigua Constituyente con el fin de favorecer a un candidato específico durante las elecciones para la Alcaldía de Girón.
Las indagaciones permitieron establecer que, presuntamente, el suministro de agua a la comunidad habría sido condicionado al cumplimiento de una serie de exigencias relacionadas con actividades de carácter político y electoral.
Entre las condiciones que, según la Fiscalía, habrían sido impuestas a los residentes figuraban la entrega de un listado con los datos personales de al menos 20 ciudadanos, la asistencia a reuniones políticas, la realización de publicaciones de apoyo en redes sociales y la participación activa en actos de campaña del aspirante favorecido.
El delito de constreñimiento al sufragante está contemplado en la legislación colombiana como una conducta que busca afectar la libertad del voto mediante presiones, amenazas o condicionamientos para favorecer o perjudicar a determinado candidato o movimiento político.
Durante la audiencia, Juan Carlos Pinto Lorza no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y negó cualquier responsabilidad en los hechos que se le atribuyen.
El proceso judicial continuará en las próximas etapas procesales, donde la Fiscalía deberá presentar los elementos materiales probatorios y evidencias recopiladas durante la investigación para sustentar las acusaciones.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa las preocupaciones sobre posibles prácticas de presión electoral en algunas regiones del país, especialmente cuando se trata del uso de recursos o servicios públicos para influir en las decisiones de los votantes.
