Con la inscripción del Comité Promotor de ciudadanos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil se dio inicio formal al proceso de recolección de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia.
El anuncio fue hecho por el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X, donde informó que “se ha inscrito el comité ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente en la Registraduría Nacional”, y agregó que “el pueblo no se debe dejar quitar su poder de transformar a Colombia y progresar”.
La inscripción del comité materializa el llamado que el jefe de Estado ha reiterado en los últimos meses para que los ciudadanos ejerzan los mecanismos constitucionales con el fin de superar lo que el Gobierno ha denominado un “bloqueo institucional” frente a sus iniciativas de reforma.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, acompañó la radicación del Comité Promotor para la Convocatoria a la Asamblea Constituyente en Colombia y explicó que, con ese trámite, se inicia el proceso de recolección de firmas. Según indicó, el comité está integrado por nueve personas y tendrá la tarea de impulsar la expresión del poder constituyente mediante un proyecto de ley que deberá ser presentado ante el Congreso de la República.
De acuerdo con Sanguino, la recolección de apoyos ciudadanos permitirá radicar el proyecto de ley ante el Congreso que resulte elegido en las elecciones legislativas de marzo de 2026. La iniciativa será presentada el 20 de julio de ese mismo año, fecha de instalación del nuevo periodo legislativo.
El Comité Promotor está conformado por Armando Custodio Wouriyú Valbuena, Carlos Alfonso Rosero, Carlos Arturo García Marulanda, Over Dorado Cardona, Javier Eduardo García Felizzola, José Luis Silva Maestre, Lian Ghelly Herrera Montealegre, Yesenia Moreno Rodríguez y Luis Alfredo Grimaldo Mejía.
Armando Custodio Wouriyú Valbuena, vocero del comité, señaló que el objetivo es convocar a más de tres millones de ciudadanos para respaldar con su firma el proyecto de ley que será presentado ante el Congreso. Indicó que la propuesta busca abrir un nuevo proceso constituyente y avanzar en asuntos relacionados con la organización territorial, la economía y la paz.
El vocero del comité sostuvo que la iniciativa pretende reconocer derechos de distintos sectores de la población, entre ellos comunidades campesinas, obreras, afrodescendientes, indígenas, personas en el exilio y víctimas del conflicto armado, y afirmó que existen temas que, según su criterio, no han sido superados desde la expedición de la Constitución de 1991.
En el documento de radicación ante la Registraduría expone que la convocatoria a la Asamblea Constituyente se fundamenta en la necesidad de reformas estructurales en sectores como salud, educación, trabajo y economía.
En el texto también se plantea que persisten falencias en la consolidación del Estado Social de Derecho, lo que, a juicio de los promotores, hace necesario un nuevo proceso constituyente.
La solicitud de inscripción del comité señala que la iniciativa se sustenta en los artículos 374 y 376 de la Constitución Política, así como en lo dispuesto en las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, que regulan los mecanismos de reforma constitucional y la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
Tras la radicación del comité, el ministro Sanguino indicó que el Gobierno no presentará el proyecto ante el actual Congreso, al considerar que este se ha opuesto a las reformas sociales impulsadas por el Ejecutivo. Explicó que, entre diciembre de 2025 y julio de 2026, los promotores, con acompañamiento del Gobierno, adelantarán una campaña pedagógica y de recolección de firmas.
Según el funcionario, el umbral mínimo es de tres millones de firmas, aunque el presidente Petro ha mencionado la meta de diez millones de apoyos ciudadanos para la inscripción formal ante la Registraduría.
Sanguino afirmó que el propósito de la convocatoria a la Asamblea Constituyente es avanzar en la materialización del Estado Social de Derecho y señaló que en el temario que será presentado al Congreso se incluirán reformas sociales que no han sido aprobadas en el actual periodo legislativo, como las relacionadas con salud, justicia y sistema político, entre otras que serán definidas posteriormente.
