En audiencia pública ante la Corte Constitucional, el Gobierno nacional insistió en que el Congreso debe culminar el trámite legislativo pendiente para poner en marcha la Jurisdicción Agraria y Rural.

Durante la sesión convocada para analizar el alcance del artículo 238A de la Constitución y los mecanismos para la entrada en operación de esta jurisdicción especializada, el Ejecutivo solicitó al alto tribunal exhortar de manera firme al Congreso de la República para que avance en la aprobación definitiva de la norma.

“Ante la Corte Constitucional ratificamos la posición del Gobierno nacional, exhortando al Congreso de la República a que avance en los 60 días hábiles que quedan de este periodo legislativo en la aprobación de la jurisdicción agraria», afirmó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.

La funcionaria agregó que, pese a los consensos alcanzados y la radicación del proyecto en 2023, ni la plenaria de la Cámara de Representantes ni la del Senado han asumido los debates correspondientes.

Asimismo, solicitó que la ley estatutaria, ya revisada por la Corte en agosto de 2025, sea remitida al presidente Gustavo Petro para su respectiva sanción.

“La suspensión de facto de los procesos agrarios no contribuye a la paz. Para construir gobernanza territorial tenemos que tomar decisiones y la Nación debe administrar sus bienes. Esto es una revolución por la vida”, manifestó la ministra.

Mandato constitucional vigente

En la misma audiencia, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, recordó que el Acto Legislativo 03 de 2023 creó directamente la Jurisdicción Agraria y Rural, estableciendo un nuevo juez natural especializado en asuntos agrarios.

“La Corte Constitucional ya reconoció en la sentencia C-340 de 2025 que esta jurisdicción tiene función estructural en la Rama Judicial. Su operación no puede quedar frenada indefinidamente a la espera de una ley ordinaria. El país necesita ya un juez natural agrario”, señaló Cuervo.

Propuesta de activación inmediata

El ministro explicó que, aunque el Gobierno continúa impulsando la Ley Ordinaria de Procedimiento Agrario —cuyo 95 % del articulado ya tendría acuerdos entre bancadas—, existen riesgos de que el debate legislativo se extienda.

Por ello, solicitó a la Corte adoptar un fallo con efectos transitorios que permita:

• La activación inmediata de los juzgados y tribunales agrarios ya creados por el Consejo Superior de la Judicatura.
• El uso supletorio del Código General del Proceso mientras se aprueba la ley ordinaria.
• La implementación gradual y progresiva ordenada en el artículo 3 del Acto Legislativo 03 de 2023, incluyendo despachos piloto, centros de apoyo técnico y equipos interdisciplinarios.

El Gobierno reiteró que restan 63 días hábiles del actual período legislativo para evitar que la Jurisdicción Agraria sea archivada nuevamente.