Las autoridades en Medellín capturaron a 21 presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘La Veracruz’, dedicado a la extorsión sistemática de comerciantes, trabajadoras sexuales, transportadores, y población vulnerable del centro de la ciudad.
La operación, liderada por la Fiscalía con apoyo del Gaula de la Policía, permitió judicializar a los supuestos miembros de esa red, entre ellos su presunto cabecilla, Fred Alexander Molina Álvarez, y a seis coordinadores de zona, quienes controlaban sectores delictivos en la Comuna 10.
Los procesados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y hurto calificado, todos en modalidad agravada. Ninguno aceptó los cargos.
Un negocio basado en la intimidación
De acuerdo con la investigación, ‘La Veracruz’ exigía pagos semanales de entre 10.000 y 100.000 pesos a comerciantes, trabajadoras sexuales, miembros de la comunidad LGTBIQ+, vendedores ambulantes y hoteleros en zonas céntricas como Plaza Botero, Parque Berrío, Prado y San Benito.
A cambio, las víctimas podían “trabajar tranquilas”, aunque en realidad eran objeto de amenazas, agresiones físicas y robos cuando no cumplían con las cuotas.
“Este es un caso que refleja la violencia silenciosa que enfrentan los trabajadores informales y otras poblaciones vulnerables en las ciudades. Esta estructura criminal no solo extorsionaba, sino que también estaba involucrada en la venta de drogas al menudeo”, señaló La Fiscalía.
Los indiciados
Además del cabecilla Molina Álvarez, fueron identificados como supuestos coordinadores de zona; Jhon Fernando Loaiza Velásquez, alias Barbado, Jonattan Eliot Rivera Cano, alias Mono o Tatuado Jader Arley Toro Posada, alias Monito, Luis Fernando Ossa Rodríguez, alias Ossa, José Ramiro Molina Arias, alias Ramiro y Jonatan Jesús Valencia Avilés, alias Zarco.
Ellos serían los encargados de coordinar los cobros extorsivos, distribuir las ganancias ilícitas y manejar la venta de sustancias psicoactivas en su respectiva zona.
A responderle a la Justicia
Gracias al material probatorio recopilado, un juez impuso medida de aseguramiento intramural (en centro carcelario) para los 21 procesados: 18 hombres y 3 mujeres.
