Mutatá, Antioquia – julio 2025.

Una historia de engaño, extorsión y muerte volvió a ser noticia, después de más de una década de los hechos. La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra Adriana Janeth Osorio Bustamante, implicada en el asesinato de Manuel Antonio Ruiz Torregrosa y su hijo de 15 años, ocurrido en 2012 en Mutatá, Urabá antioqueño.

📩 El mensaje que cambió sus vidas

El 23 de marzo de 2012, Ruiz Torregrosa y su hijo salieron desde su finca hacia el sector urbano de Mutatá, después de recibir un mensaje de texto que les informaba que habían ganado un premio de $10 millones de pesos. Para reclamarlo, debían hacer recargas por $300.000 a varios números de celular.

Con la esperanza de cobrar el supuesto premio, realizaron las recargas en el restaurante La Sorpresa, donde trabajaba Adriana Janeth Osorio, quien al enterarse de  que Ruiz no tenía todo el dinero que le exigían, le hizo los pagos con la promesa de que los saldaría luego de recibir el dinero del premio. Pero al no recibir el pago inmediato, Osorio acudió ante estructuras ilegales.

🚔 Un pedido ignorado por la Policía

Según relató el magistrado Gerson Chaverra, la mujer primero intentó que la Policía la ayudara a recuperar el dinero. Al no recibir respuesta, acudió directamente a un jefe de una estructura criminal para reclamar la deuda.

La decisión selló el destino de padre e hijo.

Cuando ambos regresaban a su vivienda rural ese mismo día, fueron interceptados por hombres armados que los secuestraron. La familia recibió una llamada en la que se exigía $2 millones de pesos a cambio de su liberación. Al no poder reunir el dinero, ambos fueron asesinados.

Días más tarde, sus cuerpos fueron hallados flotando en el río Riosucio. El informe de Medicina Legal reveló una escena desgarradora: el adolescente presentaba signos de tortura, múltiples fracturas y fue víctima de violencia sexual.

En un primer fallo, Adriana Osorio fue absuelta. Sin embargo, el Tribunal Superior de Antioquia revocó la decisión en septiembre de 2023 y la condenó por el delito de tortura agravada, al considerar que su actuación activó el accionar del grupo armado y provocó la muerte de ambas víctimas.

La defensa intentó sin éxito declarar prescrita la acción penal, pero la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena, que supera los 10 años y medio de prisión y una multa equivalente a 800 salarios mínimos legales vigentes.