El Movimiento Feminista de Niñas y Mujeres Wayuu le solicitó a la Corte Constitucional despenalizar el aborto en Colombia, ya que las especialmente afectadas son mujeres y niñas indígenas en zonas rurales del departamento de La Guajira.

“Las mujeres y niñas en las comunidades indígenas no sólo se enfrentan a vivir actos de violencia sexual, sino que al llegar a hospitales cercanos son víctimas de discriminación y malos tratos por parte del personal médico”, manifestó el movimiento, quien además pide a la Corte acceder a las pretensiones de la demanda que con ese fin interpuso el movimiento Causa Justa.

Jazmín Romero Epieyü, vocera del movimiento, expuso que la penalización parcial del aborto que rige actualmente afecta de manera desproporcionada a las integrantes de dichas comunidades por varias razones.

Una de las principales razones es que en estas comunidades no hay información sobre derechos sexuales y reproductivos. Seguida de la violencia sexual y el desconocimiento de cómo acceder a los servicios de salud en las tres causales que hoy son legales.

“Como mujeres indígenas, vemos la necesidad de que el Estado explique a todas las mujeres en Colombia cuáles son sus derechos y cómo acceder a ellos, teniendo en cuenta que hay mujeres y niñas que no hablan español y que viven en zonas rurales, sin posibilidad ni garantías para el goce efectivo de sus derechos humanos individuales y colectivos”, señaló Romero. 

Además, mencionó que, debido a las afectaciones, se ha podido evidenciar cómo las víctimas pueden llegar a atentar contra su vida y/o padecer actos de rechazo y discriminación.

Las mujeres indígenas también deben enfrentarse a varias barreras sociales cuando buscan la interrupción voluntaria del embarazo. Entre ellas se encuentra la estigmatización de parte de los servicios de salud, familia y comunidad, lo que llega incluso a afectar sus derechos a la participación y representación en sus comunidades.

Una de las principales causas de que las mujeres busquen practicarse abortes inseguros, insalubres y clandestinos, poniendo en riesgo su salud y su vida, es que los servicios de salud se encuentran disponibles únicamente en hospitales públicos ubicados muy lejos de las comunidades que no tienen adecuadas vías de acceso. Además, teniendo en cuenta que muchas mujeres indígenas no tienen registro civil o algún tipo de identificación o que no han salido nunca de su territorio, la situación se vuelve mucho más difícil.

“El contexto cultural, organizativo y social, permeado por costumbres coloniales que se reproducen al interior de las comunidades indígenas, las cuales se refuerzan por la norma que penaliza el aborto en el Código Penal, hacen que el aborto en todos los escenarios de la vida individual y colectiva sea un tema tabú, y por tanto hay estigmatización y desconocimiento generalizado al respecto. (…) En las comunidades Wayüü existe un silenciamiento, ocultamiento y naturalización de la violencia sexual. Como consecuencia, se producen situaciones como el suicidio y la maternidad forzada”, señala el documento enviado a la Corte Suprema.

En el documento, el movimiento también hace mención a que el abuso sexual se da en su mayoría dentro de la esfera familiar y las víctimas, por pena, miedo o desconocimiento no hablan de lo sucedido.

Para ilustrar el impacto de la penalización del aborto y de los abortos clandestinos en las mujeres en estas comunidades, el movimiento feminista Wayúu expuso los casos de tres niñas menores 14 años, donde una de ellas fue entregada para un matrimonio infantil a un hombre wayuu de 32 años: 

“Un día cualquiera la niña toma la decisión de quitarse su propia vida, fue encontrada colgada con una cuerda con los que se cuelgan los chinchorros, cuentan los miembros más cercanos de su familia que encontraron su ropa interior manchada completamente con sangre (…). Los rumores que se sabe es que ella estaba embarazada y que ella había abortado”.

En otro de los casos, una menor de 10 años de edad fue violada por su padre y obligada por su tía a trabajar en el servicio doméstico.

En el tercer caso: “Una menor de 13 años es violada por un hombre alijuna que era del interior del país, es decir, un ‘cachaco’. (…) La niña quedó en embarazo y no recibió asesoramiento de ninguna institución, al contrario, lo que recibió fue estigmatización y discriminación por parte del personal médico y los trabajadores sociales que la atendieron”.