OPINIÓN | JAIRO BANQUETT
Comunicador social periodista
Salí temprano a buscar una cita a la EPS, al llegar a la Avenida Principal vi a muchos policías acompañando la marcha de los educadores de Apartadó, gritaban exigiendo educación, salud, en contra de la Reforma Tributaria y otras políticas impulsadas por el Presidente Duque, y cosas de esas que siempre dicen en las manifestaciones, como de que el pueblo unido jamás será vencido, y “exigimos, exigimos, exigimos”.
Marcharon precisamente el 21 de enero, días antes de comenzar el calendario escolar. Mientras me paraba a observar el curso de la protesta, un vendedor ambulante, que en estos días está nervioso porque la construcción de la ciclo ruta en el centro de Apartadó lo tiene hacinado en la antigua calle del teatro Urabá, y no sabe qué va a ser de su futuro, dijo: “Todavía no empiezan a trabajar y ya están marchando ¿Cómo le parece?”
La verdad es que la primera impresión que tuve fue ver lógica en lo que me expresaba el vendedor, pero enseguida caí en cuenta que no era una marcha convocada solo por los educadores, sino que correspondía al paro nacional citado desde finales del año pasado, cuando las marchas que comenzaron el 21 de noviembre, salieron a vacaciones.
En Apartadó marcharon unas 300 personas, pero prácticamente solo los maestros que iban alrededor del megáfono coreaban las consignas.
‘No es que sean vagos’, le dije a mi interlocutor, y aunque por el momento no me veo motivado a levantar mi voz en cuello como lo hacen ellos, respeto su derecho a la protesta pacífica, a su rebeldía contra lo que consideran injusto. Los oí reclamando derechos en salud, mejoras salariales, libre expresión y el derecho a estar en desacuerdo, como algo propio de las sociedades democráticas.
Recordé que aunque con miedo en nuestro tiempo, levantamos nuestras voces contra la guerra declarada por las FARC y demás ilegales, cuando pedimos que la Fuerza Pública defendiera nuestra vida, o como cuando tuvimos derecho a estar de acuerdo o en desacuerdo con el plebiscito para refrendar los acuerdos del Gobierno con las FARC.
No estoy de acuerdo con los capuchos, con quienes dañan la infraestructura, tiran piedras, irrespetan a los policías y los agreden, y no estoy de acuerdo con quienes les pegan, encarcelan, insultan o matan a los que protestan.
Pero necesitamos un Estado que apoye a los campesinos, a los empresarios, que cada día más gente salga de la pobreza. Alguien tiene que levantar la voz, y aunque uno no esté de acuerdo al final se beneficia.
Estudié periodismo en la Universidad de Antioquia, pagando 49 mil pesos semestrales, y mi esposa se formó como contadora pública pagando 51 mil pesos semestrales. Teníamos derecho a consulta médica y odontológica por cuenta de los impuestos que pagamos los ciudadanos, estudié con compañeros que pagaban mil pesos y la Universidad les pagaba medio salario mínimo mensual como monitores, eso por ejemplo no aceptaría que lo cambiara mi Alma Mater.
Como me parece imperdonable que generaciones de estudiantes antes que yo perdieran el derecho a la cafetería y residencias universitarias, para quienes llegaban del campo.
La protesta es un derecho ciudadano para los de izquierda, los de derecha, los sin ideologías o libre pensadores, así es la democracia, al menos con la que sueño; donde se respeten los derechos humanos.
Hay cosas en las que no estoy de acuerdo, pero mejor guardo silencio, porque me beneficia, ejemplo, la lucha contra
