Audios, reuniones y vínculos con disidencias de las Farc están en el centro de las explosivas acusaciones del mandatario.
El presidente Gustavo Petro, a través de su abogado Alejandro Carranza, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra el excanciller Álvaro Leyva, a quien señaló de conspiración, instigación a delinquir y otros delitos relacionados con un presunto plan para desestabilizar su Gobierno.
La denuncia se fundamenta en una serie de audios filtrados y reuniones en las que, al parecer, Leyva hablaría sobre la necesidad de un “cambio de Gobierno”, según lo revelado por el abogado del jefe de Estado. Carranza afirmó que estas acciones hacen parte de una estrategia deliberada para generar presión tanto interna como internacional y provocar una salida anticipada de Petro del poder.
“Los audios que ha escuchado el país, junto con lo divulgado en redes y medios sobre las reuniones del señor Leyva, evidencian una intención de generar presión internacional para facilitar un cambio anormal de Gobierno”, expresó Carranza desde el búnker de la Fiscalía.
Vínculos con disidencias y atentado a Miguel Uribe
Carranza también vinculó a Leyva con alias ‘Iván Márquez’, jefe de las disidencias de las Farc, y sugirió que el excanciller podría tener responsabilidad indirecta en el atentado ocurrido el pasado 7 de junio contra el senador Miguel Uribe Turbay en Bogotá.
Según el jurista, una carta escrita por Leyva hacía referencia a las consecuencias de los discursos políticos del presidente Petro, insinuando que podían desembocar en ataques. “Justo en ese momento atacaron a Miguel Uribe. ¿Quién lo atacó? ‘Iván Márquez’, el que él [Leyva] conocía que estaba vivo, por fuera de los términos que le correspondían como Canciller”, señaló.
¿Motivaciones personales?
El abogado del mandatario no descartó que detrás del supuesto plan de desestabilización existan motivaciones personales. Según Carranza, Leyva habría iniciado estas acciones tras no haber sido ratificado como canciller ni haber logrado que su hijo fuera nombrado embajador o ministro.
“Leyva promueve esa ruptura institucional solamente porque a su hijo no lo nombraron embajador o canciller”, afirmó Carranza, cuestionando la ética del exfuncionario y sugiriendo una motivación más ligada al poder que a principios políticos. Ahora, será la Fiscalía la encargada de determinar si hay mérito suficiente para abrir una investigación penal contra Álvaro Leyva.
