El presidente Gustavo Petro aseguró que el llamado “salario vital” no genera un aumento sustancial en el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) y pidió a la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) exhortar a sus afiliados a no pactar promesas de compraventa en salarios, al advertir que esa práctica es ilegal.
El pronunciamiento lo hizo este viernes a través de su cuenta en la red social X, en respuesta a los reparos de Camacol frente al proyecto de decreto del Gobierno nacional que busca evitar alzas desproporcionadas en el valor de la VIS.
“Lo que sí debe hacer Camacol es pedirles a sus integrantes que no hagan promesas de compraventa medidas en salarios vitales, porque eso es ilegal”, escribió el mandatario.
Petro sostuvo que “no hay riesgo jurídico” en el proyecto de decreto y explicó que el salario vital “no eleva sustancialmente el precio de la vivienda, porque el costo laboral llega a un 20 %”.
A su juicio, el debate de fondo es el alcance social de la política de vivienda:
“Lo que aquí se discute es que si se sube el techo para hacer VIS, se deja de hacer entonces vivienda realmente popular, que es el objetivo de la política pública de vivienda”.
El jefe de Estado agregó que la decisión de armonizar el tope máximo de la VIS en 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes no significa una reducción real del valor en pesos, sino un ajuste por encima de la inflación del sector.
“Por tanto, el que bajemos el techo del precio de la vivienda en salarios vitales a 135, lo que implica realmente es un incremento en pesos por encima del índice de inflación de la vivienda, que fue del 3 %”, afirmó.
El valor de la vivienda debe pactarse en pesos
El Ministerio de Vivienda recordó que el proyecto de decreto, publicado para observaciones ciudadanas, armoniza el tope máximo general de la Vivienda de Interés Social en 135 salarios mínimos, tal como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
La medida busca evitar alzas desproporcionadas en el precio de la VIS y proteger la planeación financiera de los hogares colombianos.
Desde la cartera explicaron que el proyecto “no constituye un control de precios”, sino un instrumento para proteger a las familias compradoras. Además, reafirmaron que, de acuerdo con la normatividad vigente, el valor total de la vivienda debe pactarse en pesos colombianos desde el inicio del proceso, sin indexaciones automáticas ligadas al aumento anual del salario mínimo.
Con esta regla se pretende evitar incrementos abruptos, como los derivados del aumento del salario mínimo del 23 % para la vigencia 2026, y limitar cualquier ajuste a variables reales asociadas a los costos de construcción, respetando lo acordado desde la separación del inmueble, la promesa de compraventa o el encargo fiduciario.
Para el Gobierno, la prioridad es que la VIS siga siendo verdaderamente accesible para los hogares de menores ingresos y que no se convierta en un producto fuera del alcance de quienes más la necesitan.
