En el Puesto de Control Migratorio Terrestre de Rumichaca, en la frontera entre Colombia y Ecuador, Migración Colombia reportó la detención de dos personas con órdenes judiciales vigentes, en un operativo de verificación migratoria y coordinación interinstitucional.

El primer caso se registró cuando un ciudadano estadounidense intentaba salir del país con destino a Ecuador. Al realizar la verificación de su identidad en los sistemas oficiales, se generó una alerta por una orden judicial vigente emitida por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena.

 La autoridad judicial le había impuesto medida de aseguramiento de detención preventiva en lugar de residencia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en audiencia del 13 de enero de 2026.

Tras la verificación, el extranjero fue puesto a disposición de la SIJIN de la Policía Nacional en Ipiales, siguiendo los protocolos establecidos para estos casos.

Ese mismo día, funcionarios de Migración Colombia dejaron a disposición de las autoridades a un ciudadano colombiano de 38 años, quien registraba dos órdenes de captura vigentes emitidas por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pasto.

 Las órdenes corresponden a los delitos de desaparición forzada agravada y hurto calificado y agravado, ambas expedidas en enero de 2026. El individuo había sido deportado desde Ecuador y entregado a las autoridades colombianas en el paso fronterizo.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que estos resultados evidencian la articulación entre Migración Colombia, la Policía Nacional, el CTI y las autoridades migratorias de Ecuador. Además, señaló que estas acciones hacen parte de la política de seguridad del Gobierno del presidente Gustavo Petro, enfocada en el fortalecimiento del control fronterizo, el uso de tecnología y la cooperación internacional.

Finalmente, la entidad reiteró que la verificación permanente de información y el intercambio oportuno entre autoridades permiten garantizar que las personas con requerimientos judiciales sean puestas a disposición de la justicia, fortaleciendo la seguridad en la frontera colombo-ecuatoriana.