La Fiscalía judicializó a dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa y a un coronel del Ejército Nacional por su presunta participación en un entramado de corrupción relacionado con un contrato para el mantenimiento de helicópteros MI-17, cuyo valor ascendía a cerca de 32 millones de dólares.
Los procesados son Hugo Alejandro Mora Tamayo, exsecretario general del Ministerio de Defensa; Diego Alejandro Manrique Cabezas, exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio; y el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, adscrito a la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional.
Según la investigación de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el coronel Rincón Ricaurte, en su calidad de gerente del proyecto, habría incurrido en múltiples irregularidades durante la etapa precontractual.
Entre ellas, la aprobación indebida de prórrogas para la presentación de cotizaciones, la certificación sin sustento de la experiencia e idoneidad técnica de la empresa Vertol Systems Company, pese a que el comité evaluador la había descartado, y la modificación de estudios financieros que impidieron verificar la real capacidad económica del contratista.
Por su parte, Manrique Cabezas habría intervenido de manera irregular en la elaboración y evaluación del estudio económico previo, modificando los requisitos financieros habilitantes, lo que permitió avalar una propuesta sin que se pudiera comprobar indicadores como liquidez, rentabilidad y capacidad organizacional, exigidos por la normatividad vigente.
En cuanto a Mora Tamayo, la Fiscalía señaló que, a pesar de conocer las irregularidades del proceso y el incumplimiento de los requisitos legales, habría firmado el contrato No. 012 de 2024 el 31 de diciembre de ese año.
Posteriormente, autorizó la modificación en la forma de pago, avalando un anticipo del 50 % del valor del contrato, equivalente a más de 16 millones de dólares, recursos que fueron consignados en una cuenta del contratista en Estados Unidos.
El anticipo fue desembolsado el 15 de abril de 2025, pese a que el contrato no podía ejecutarse por los incumplimientos del proveedor. De la totalidad del contrato, el contratista solo ejecutó actividades por cerca de 2,6 millones de dólares, sin que hasta la fecha se haya reintegrado al Ministerio de Defensa el saldo restante, superior a 13 millones de dólares, tras la declaratoria formal de incumplimiento.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los tres investigados, según su presunta responsabilidad individual, los delitos de falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública, fraude procesal y peculado por apropiación.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
