La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov; a la directora de Contratación del municipio, Luz Mila Acevedo Galán; y a la exgestora Social, Sara Catalina Pedraza Canaría, por su presunta participación en anomalías relacionadas con la celebración de un contrato de prestación de servicios.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, el mandatario habría amenazado al entonces gerente de Ecovivienda para que firmara un documento que lo eximiera de responsabilidad frente a las irregularidades detectadas.

La investigación señala que, en febrero de 2024, se suscribió un contrato por 19,8 millones de pesos que nunca se ejecutó. Posteriormente, a través de la empresa pública Ecovivienda, se firmó un segundo contrato por 54,2 millones de pesos, en medio de una coyuntura judicial: la persona beneficiada había instaurado una demanda de nulidad contra la elección del alcalde y, tras ser vinculada laboralmente, desistió de la acción legal.

Según la Fiscalía, los trámites contractuales se habrían adelantado después de instaurada la demanda y se cerraron justo con el retiro de esta.

Delitos imputados

Mikhail Krasnov: interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigo. Sara Catalina Pedraza Canaría: cómplice de interés indebido en la celebración de contratos y Luz Mila Acevedo Galán: coautora de interés indebido en la celebración de contratos.

Un juez de control de garantías impuso a los procesados medidas no privativas de la libertad, mientras avanza el proceso judicial.