Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Pablo Zapata Guerra, señalado de extorsionar a su propia madre bajo amenazas de muerte, en un caso que ha generó conmoción en el norte del Valle de Aburrá.
La Fiscalía General de la Nación, lo investiga como presunto responsable del delito de tentativa de extorsión agravada. De acuerdo con la denuncia instaurada por la víctima, los hechos se iniciaron el 20 de diciembre de 2025, cuando el hombre comenzó a amenazarla porque ella no le permitió guardar su vehículo personal en el parqueadero de la empresa donde labora.
Desde ese momento, según el relato de la mujer, su propio hijo empezó a exigirle una suma millonaria de dinero a cambio de no asesinarla.
Las intimidaciones no se limitaron a ella: también se extendieron contra otros miembros de su familia y contra sus compañeros de trabajo, generando un ambiente de miedo constante.
Con el paso de los días, las amenazas se intensificaron. Ante la gravedad de la situación, la madre accedió a pactar la entrega del dinero con su hijo, mientras informaba a las autoridades, que activaron un operativo controlado para capturarlo en flagrancia.
El pasado 7 de enero, Zapata Guerra llegó hasta una estación de servicio del municipio de Bello, donde recibió un paquete que simulaba contener el dinero producto de la extorsión.
Al percatarse de la presencia de la autoridad, huyó del lugar en un taxi. Sin embargo, fue interceptado y capturado minutos después en el barrio Pedregal de Medellín por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscritos al Gaula Medellín, con apoyo del Ejército y la Policía Nacional.
Durante las audiencias preliminares, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata le imputó el delito de tentativa de extorsión agravada.
El investigado no aceptó los cargos, pero aun así el juez consideró que existían méritos suficientes para privarlo de la libertad, con el fin de proteger a la víctima y evitar la reiteración de la conducta.
Este caso pone de relieve la crudeza que puede alcanzar la violencia intrafamiliar y la importancia de denunciar oportunamente, incluso cuando el agresor pertenece al núcleo más cercano.
Las autoridades reiteraron el llamado a las víctimas de amenazas y extorsiones para que acudan a los canales institucionales y permitan la intervención oportuna del Estado.


