El presidente Gustavo Petro anunció que el decreto provisional del salario vital y móvil mantendrá el incremento del 23,7 %, equivalente a cerca de 2 millones de pesos, fijado por el Gobierno Nacional en diciembre de 2025.
En la tarde noche del 19 de febrero, del año 2026, y ante una multitud reunida en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el presidente Gustavo Petro informó que el Gobierno presentó al Consejo de Estado el decreto provisional del salario mínimo vital y móvil para 2026, cumpliendo con la orden judicial que suspendió temporalmente el decreto anterior mientras se revisan los estudios técnicos que lo respaldan.
El mandatario aseguró que el nuevo decreto no modifica el incremento ya decretado, sino que lo ratifica con soporte técnico y científico. “Es el mismo salario que decretamos en diciembre del 2025. No lo echamos para atrás y se entrega al Consejo de Estado cumpliendo sus órdenes”, afirmó.
Petro explicó que el documento incluye estudios sobre productividad laboral, salario relativo y canasta mínima vital, en concordancia con la Constitución Política y los principios del Artículo 53, que establece la obligación de garantizar una remuneración mínima vital y móvil para los trabajadores.
El presidente calificó esta medida como “el primer salario vital de la historia de Colombia”, resaltando que se fundamenta en criterios constitucionales y técnicos que buscan mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.
Críticas por las reformas a la salud y pensiones
Durante su intervención, el jefe de Estado también se refirió a las reformas estructurales impulsadas por su Gobierno, especialmente las de salud y pensiones, que continúan sin entrar en vigencia por trámites en el Congreso y la Corte Constitucional.
Petro cuestionó la demora de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado y señaló que el objetivo de la iniciativa es transformar el modelo de las EPS para evitar la concentración y el mal manejo de recursos.
Sobre la reforma pensional, expresó preocupación por la falta de pronunciamiento de la Corte Constitucional tras ocho meses de aprobada en el Congreso, advirtiendo que miles de personas podrían estar perdiendo el derecho a una pensión por los retrasos institucionales.
