La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario señalados de, presuntamente, abusar sexualmente de una mujer privada de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Medellín, conocido como El Pedregal.
Los procesados fueron identificados como Germán David Cartagena, Yhojan Estiben López Ángel, Adrián Leonardo Parra Martínez y Jhorman Andrés Palomino Ricardo, quienes, según la investigación, habrían aprovechado su condición de custodios para cometer los hechos en contra de una interna con trastorno mental.
De acuerdo con el material probatorio recopilado por una fiscal de la Seccional Medellín, los hechos se habrían registrado en la Unidad de Tratamiento Especial (UTE), ubicada en el patio 22 del penal, entre el 28 de septiembre de 2024 y el 26 de enero de 2026.
Las investigaciones indican que uno de los implicados, al parecer, suministraba bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes a la víctima, dejándola en estado de inconciencia o incapacidad de reacción, para posteriormente someterla a abusos sexuales en repetidas ocasiones. Además, presuntamente le cobraba por las sustancias ilegales que ingresaba al centro penitenciario.
Otro de los funcionarios, según la Fiscalía, habría aprovechado su rol en el traslado de internas hacia las salas de audiencias para agredir sexualmente a la víctima en múltiples oportunidades, mientras que un tercero le habría suministrado estupefacientes y facilitado un teléfono celular para acceder a ella. En cuanto al cuarto implicado, también es señalado de suministrar narcóticos y abusar de la mujer en varias ocasiones.
En total, las autoridades estiman que los hechos se habrían repetido en decenas de oportunidades, evidenciando un patrón de abuso de poder y aprovechamiento de la condición de vulnerabilidad de la víctima.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los procesados, de acuerdo con su grado de participación, los delitos de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir; fabricación, tráfico y porte de estupefacientes agravado; y cohecho propio.
Los cuatro funcionarios no aceptaron los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.
Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer si existen más víctimas o posibles responsabilidades adicionales dentro del centro penitenciario.
