Desde el pasado 1 de julio entró en vigencia el Decreto 271 de 2026, mediante el cual el Ministerio del Trabajo creó la Red de Protección Social para la Vida de los Recicladores, una estrategia que busca garantizar mejores condiciones de protección en salud, riesgos laborales y acceso a mecanismos de protección para la vejez a miles de recicladores de oficio en Colombia.
El anuncio fue realizado por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez, quien explicó que la nueva normativa permitirá ampliar la cobertura de la seguridad social para este sector de la población, históricamente vulnerable, sin que ello implique la creación de una relación laboral entre las Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO) y las personas que desarrollan esta actividad.
Según explicó la cartera laboral, la iniciativa fue construida de manera conjunta con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), los ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio, y de Salud, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Colpensiones y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, bajo el liderazgo de la Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar.
Uno de los aspectos más importantes del decreto es la creación de un esquema de financiación que permitirá sostener esta red de protección. Los recursos provendrán, en parte, de las tarifas que pagan los usuarios del servicio público de aseo y que son transferidas a las Organizaciones de Recicladores de Oficio por la prestación de la actividad de aprovechamiento de residuos. También se financiará con los ingresos obtenidos por la comercialización de materiales reciclables.
En materia de protección para la vejez, Colpensiones confirmó que ya se encuentra preparada para incorporar a cerca de 45.000 recicladores de oficio al programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), mecanismo diseñado para brindar un ingreso a quienes no logran cumplir los requisitos para acceder a una pensión.
En cuanto al componente de salud, el decreto garantiza la permanencia de los recicladores afiliados al régimen subsidiado y establece mecanismos para facilitar la afiliación de quienes aún no cuentan con cobertura. Las entidades deberán orientar y priorizar el ingreso de estas personas al sistema de salud conforme a las normas vigentes.
Respecto a los riesgos laborales, el Ministerio del Trabajo informó que se adelantan los ajustes técnicos en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), con el fin de permitir que los aportes al Sistema General de Riesgos Laborales puedan realizarse mes vencido, proceso que comenzará a operar a partir de agosto de 2026.
La entidad aclaró que la afiliación al sistema de riesgos laborales dentro de esta nueva red de protección no genera una relación laboral entre las organizaciones y los recicladores, ni implica el traslado automático al régimen contributivo de salud.
Finalmente, el Ministerio del Trabajo señaló que el éxito de la Red de Protección Social para la Vida dependerá del trabajo articulado entre las entidades del Estado, las Organizaciones de Recicladores de Oficio y los demás actores involucrados, con el propósito de garantizar mejores condiciones de protección, dignidad y reconocimiento para quienes desempeñan una labor fundamental en el aprovechamiento de residuos y la protección del medio ambiente en Colombia.
