La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a los exministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves por su presunta participación en el direccionamiento de contratos públicos a favor de congresistas.
De acuerdo con el ente acusador, los exfuncionarios serían responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
Presunto esquema para asegurar apoyos políticos
La investigación señala que ambos exministros habrían convocado reuniones, impartido directrices y realizado seguimiento a procesos contractuales en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el propósito de beneficiar a determinados congresistas.
Según la Fiscalía, estas actuaciones buscaban asegurar votos en el Congreso de la República de Colombia para facilitar la aprobación de iniciativas del Gobierno nacional.
Tres momentos clave en la investigación
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de tres fases:
- Entre junio y septiembre de 2023:
Se habría intervenido indebidamente en 78 contratos (73 en Invías y 5 en la UNGRD) por un valor total de 612.000 millones de pesos. De estos, siete contratos se concretaron. - Entre septiembre y diciembre de 2023:
Presuntamente intercedieron en tres procesos contractuales de la UNGRD, relacionados con atención de emergencias en Saravena, Cotorra y el corregimiento El Salado, en Carmen de Bolívar, por 86.619 millones de pesos.
Aunque estos contratos no se concretaron, congresistas habrían aprobado 17 notas crédito de endeudamiento a favor del Gobierno. - Entre noviembre de 2023 y marzo de 2024:
Se les atribuye haber mediado para direccionar un contrato de la UNGRD por 35.000 millones de pesos en Sahagún, que tampoco se materializó.
Proceso judicial en curso
Con esta acusación formal, el caso avanza a una nueva etapa judicial, en la que se evaluarán las pruebas presentadas por la Fiscalía.
Los exministros deberán responder ante la justicia por los señalamientos, en un proceso que se enmarca en las investigaciones por presuntos hechos de corrupción en la contratación pública.
