La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el alcalde de Villa de Leyva, Boyacá, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, por su presunta participación en actos de corrupción relacionados con trámites urbanísticos de un proyecto inmobiliario.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción, el mandatario habría exigido dinero y otros beneficios a cambio de facilitar la ampliación de una licencia de construcción en este municipio turístico del departamento de Boyacá.
Según el ente acusador, los hechos se remontan al 8 de junio de 2025, cuando presuntamente el alcalde solicitó a la representante legal de una empresa de inversiones contratar a una persona específica para brindar asesoría en la gestión de permisos y requerimientos administrativos relacionados con el proyecto inmobiliario.
La Fiscalía indicó que posteriormente Gamboa Chaparro habría pedido aumentar el salario de dicha persona, quien trabajó durante 11 meses y recibió pagos cercanos a los 48 millones de pesos.
Las investigaciones también señalan que el 4 de marzo de 2026 el alcalde, al parecer, solicitó a la empresaria 112 millones de pesos, equivalentes al 20 % del valor establecido para la ampliación de la licencia de construcción. Esta exigencia habría sido realizada mediante mensajes de voz. Sin embargo, posteriormente retiró la petición durante una llamada telefónica.
De igual manera, el ente investigador aseguró que el 6 de marzo de 2026 el mandatario expidió una resolución pese a encontrarse, presuntamente, en un conflicto de intereses. La decisión habría sido tomada como retaliación ante la negativa de la empresaria de acceder a sus exigencias económicas.
Como consecuencia de esta actuación, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva rechazó la solicitud de ampliación de la licencia de construcción y, además, el inspector Segundo de Convivencia y Paz del municipio impuso una multa cercana a los 232 millones de pesos a los responsables del proyecto inmobiliario.
Por estos hechos, un fiscal imputó al alcalde los delitos de concusión y prevaricato por acción. Aunque los cargos no fueron aceptados por el mandatario, la juez decidió enviarlo a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial
