El Gobierno nacional aprobó el Documento Conpes “Soluciones Duraderas para Víctimas de Desplazamiento Forzado en Colombia”, como política pública que beneficiará a cerca de 8,9 millones de personas víctimas del desplazamiento interno, para que accedan a la oferta social del Estado y puedan avanzar en la reconstrucción de sus proyectos de vida.
El anuncio lo hizo el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el cual junto con la Unidad para las Víctimas y el Departamento de Prosperidad Social (DPS), liderará la implementación de esa política hasta el año 2035.
El Conpes traza la hoja de ruta para superar las barreras institucionales, socioeconómicas y culturales que han afectado a esa población.
La política se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, en los ejes de Seguridad Humana y Justicia Social, pilares para la atención integral de las víctimas.
Trabajo articulado y participación ciudadana
Desde noviembre de 2024, el DNP, el DPS y la Unidad para las Víctimas adelantaron la formulación del Documento Conpes mediante un proceso participativo que incluyó espacios presenciales y virtuales desarrollados entre febrero y marzo de 2025.
Como resultado de este ejercicio, se realizaron:
- 5 encuentros pedagógicos virtuales
- 14 encuentros territoriales presenciales
- 2 encuentros nacionales sectoriales (organizaciones de víctimas y organizaciones étnicas)
- Una consulta ciudadana virtual
En total, 2.515 personas participaron en estos espacios, entre liderazgos sociales, representantes de organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos, fortaleciendo la legitimidad de la política y garantizando que las voces de quienes han vivido el desplazamiento estuvieran en el centro de la toma de decisiones públicas.
Enfoques y objetivos de la política de soluciones duraderas
El Conpes se construyó sobre cinco elementos catalizadores que abordan de manera integral las causas estructurales del desplazamiento forzado:
- Generación de ingresos
- Vivienda y hábitat
- Tierras y desarrollo rural
- Educación y salud
- Cohesión social
Asimismo, adoptaron un enfoque de intervención integral y diferencial, con énfasis en género y enfoque étnico, reconociendo las particularidades territoriales y promoviendo la corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno.
El documento define tres objetivos centrales:
- Optimizar la coordinación entre actores e instrumentos del nivel nacional y territorial para una implementación efectiva.
- Ampliar el acceso real de la población desplazada a los servicios sociales del Estado, garantizando sus derechos fundamentales.
- Fortalecer las capacidades sociales y comunitarias para reconstruir el tejido social y facilitar la integración con las comunidades de acogida.
Con ese Conpes, el Estado busca avanzar en la consolidación de una política pública que transforme la vida de millones de víctimas del desplazamiento forzado en el país.
