El Gobierno colombiano anunció la implementación de aranceles diferenciales del 35%, 50% y 75% para 191 productos provenientes de Ecuador, como respuesta a la decisión de ese país de imponer tarifas del 100% a las importaciones desde Colombia.
La medida fue adoptada mediante el Decreto 0455 del 28 de abril de 2026, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y se mantendrá de forma temporal mientras estén vigentes las restricciones ecuatorianas.
Según explicó la ministra Diana Marcela Morales Rojas, estos “aranceles inteligentes” buscan proteger la industria nacional, el empleo y garantizar el abastecimiento interno, evitando impactos negativos en la economía.
La decisión responde a la ‘tasa de seguridad’ implementada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que fijó aranceles del 100% a productos colombianos.
¿Cómo funcionarán los aranceles?
El esquema establece tarifas diferenciadas según la disponibilidad de producción en Colombia:
- Arancel del 35%: para productos con producción parcial en el país, como fríjol, plátano, alimentos balanceados, medicamentos y congeladores.
- Arancel del 50%: aplicado a bienes como aceites vegetales procesados, neumáticos, papel y sacos industriales.
- Arancel del 75%: dirigido a productos con alta sensibilidad económica y producción nacional, como arroz, azúcar, café, aceite de palma, plásticos, acero, aluminio, combustibles y utensilios domésticos.
Por otro lado, el Gobierno mantuvo arancel cero para materias primas, insumos y bienes intermedios esenciales que no se producen en Colombia, con el fin de no afectar la cadena productiva.
Impacto en el comercio bilateral
Durante el primer trimestre de 2026, Colombia exportó a Ecuador bienes no minero energéticos por 219,9 millones de dólares, lo que refleja la importancia del intercambio comercial entre ambos países.
El Ministerio señaló que esta estrategia busca equilibrar la relación comercial, reducir la vulnerabilidad de la industria local y evitar que las medidas externas afecten la producción nacional.
La decisión se enmarca en una política de defensa comercial que prioriza la estabilidad económica y el fortalecimiento del aparato productivo colombiano frente a choques internacionales.
