El almacén Tierra Santa, ubicado en el municipio de Apartadó, cerró sus puertas en medio del proceso judicial y administrativo que enfrenta esta reconocida cadena comercial a nivel nacional, situación que ha generado incertidumbre entre trabajadores, clientes y comerciantes en distintas regiones del país.

Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación señalan que la organización empresarial estaría vinculada a un presunto esquema de lavado de activos y movimiento irregular de recursos mediante decenas de empresas fachada utilizadas para simular operaciones de importación.

De acuerdo con la información conocida dentro del proceso, las autoridades investigan presuntas maniobras financieras relacionadas con el envío de dinero hacia el exterior, incluyendo movimientos con destino a la República Libanesa, hechos que motivaron allanamientos y medidas de ocupación sobre bienes y establecimientos de la cadena.

Tras las diligencias realizadas en diferentes ciudades del país, la red de almacenes entró en proceso de intervención por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar los bienes ocupados dentro de investigaciones judiciales relacionadas con actividades ilícitas.

En Apartadó, el cierre del establecimiento llamó la atención de residentes y comerciantes, debido a que Tierra Santa había mantenido operación comercial durante varios años en el municipio y era reconocida por la venta de ropa, calzado y artículos para el hogar.

El caso también estuvo rodeado de dificultades laborales durante 2025, cuando en distintas ciudades del país se registraron protestas y denuncias por parte de trabajadores relacionadas con despidos, retrasos salariales y presuntos incumplimientos laborales bajo la administración temporal derivada de la intervención estatal.

Aunque en su momento representantes de la empresa señalaron que algunos cierres serían temporales mientras avanzaban reorganizaciones administrativas, las medidas judiciales y el desarrollo de la investigación terminaron impactando el funcionamiento de varias sedes a nivel nacional.

La Fiscalía continúa adelantando las verificaciones financieras, patrimoniales y comerciales para establecer el alcance de las operaciones investigadas, mientras la SAE mantiene la administración de los bienes afectados dentro del proceso.