El Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó a la campaña presidencial de Gustavo Petro correspondiente a la contienda de 2022, tras determinar que se excedieron los topes de financiación establecidos por la ley durante la primera y la segunda vuelta.
La decisión fue adoptada mediante una votación de conjueces, con seis votos a favor y tres en contra.
Según la resolución, las sanciones recaen sobre el gerente de campaña, Ricardo Roa; la tesorera, Lucy Aíde Mogollón; la auditora, María Lucy Soto; así como sobre los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP), que hicieron parte de la coalición del Pacto Histórico en esa contienda electoral.
El documento señala que los responsables de la campaña omitieron el reporte de ingresos que posteriormente fueron utilizados como gastos, lo que constituye una violación a la obligación de transparencia en la financiación electoral.
Entre los recursos no reportados se encuentran:
Aportes de la Unión Sindical Obrera (USO) por cerca de 500 millones de pesos, distribuidos entre la primera y la segunda vuelta. Aportes por 500 millones de pesos provenientes de Fecode, los cuales habrían sido incorporados a la financiación de Colombia Humana.
De acuerdo con los ponentes del proceso, la falta de registro de estos ingresos alteró la trazabilidad de los recursos utilizados durante la campaña, impidiendo un control claro sobre su origen y destino.
Como consecuencia, el CNE impuso sanciones económicas a los responsables y a las organizaciones políticas involucradas.
La decisión marca un precedente en materia de control de la financiación electoral.
