El Gobierno Nacional y las delegaciones del denominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como ‘Clan del Golfo’, anunciaron que a partir del próximo 25 de junio de 2026 iniciará el ingreso de integrantes de esa estructura armada a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) ubicadas en Tierralta, Córdoba, y Nuevo Belén de Bajirá, Chocó.
La decisión fue confirmada mediante un comunicado conjunto emitido por los Grupos de Trabajo del Espacio de Conversación Sociojurídico, en el marco de los diálogos que se adelantan entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y esa organización armada ilegal.
De acuerdo con la información oficial, cerca de 400 hombres y mujeres del EGC serán concentrados en estos espacios definidos para avanzar en los compromisos alcanzados durante las conversaciones sostenidas en Doha, Catar, durante septiembre y diciembre de 2025.
El documento señala que el traslado a las Zonas de Ubicación Temporal estará acompañado de medidas jurídicas contempladas en la Ley 2272 de 2022, entre ellas la suspensión temporal de órdenes de captura, incluidas solicitudes de extradición, con el objetivo de permitir el desarrollo del proceso de ingreso y permanencia en dichas zonas.
Las delegaciones indicaron además que antes del inicio oficial del traslado se adelantarán labores preparatorias, pedagógicas y logísticas para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados dentro del proceso de paz.
Uno de los aspectos destacados dentro de los acuerdos alcanzados tiene relación con la protección de menores de edad. Según el comunicado, el EGC reiteró su compromiso de no vincular niños, niñas y adolescentes a sus estructuras y se acordó realizar un censo interno para verificar posibles casos y, de existir, ponerlos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Asimismo, el proceso contempla acciones piloto orientadas a reducir las violencias y fortalecer la transformación territorial en municipios de Antioquia y Chocó, entre ellos Mutatá, Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía.
Dentro de los compromisos también se incluyó la implementación de programas pedagógicos para la sustitución de cultivos de uso ilícito en zonas priorizadas, en articulación con entidades del Gobierno nacional.
Las conversaciones entre el Gobierno y el EGC comenzaron formalmente en 2025 y han contado con acompañamiento de organismos internacionales, comunidades étnicas, líderes sociales, autoridades locales y entidades mediadoras.
Las partes hicieron además un llamado a evitar que los esfuerzos de paz sean utilizados con fines políticos o electorales, insistiendo en la necesidad de mantener los espacios de diálogo y construcción de acuerdos en los territorios afectados por el conflicto armado.
