Un fallo histórico en la justicia colombiana involucra a una multinacional clave en el negocio bananero

Diana Lucía Monsalve, Juez 6 Penal del Circuito Especializado de Antioquia profirió sentencia sin precedentes en contra de siete altos directivos de la multinacional Chiquita Brands, quienes fueron condenados 135 meses de prisión por haber financiado estructuras paramilitares que en las regiones de Urabá y el Magdalena entre los años 1997 y 2004.

La sentencia

El fallo determinó que los directivos incurrieron en el delito de concierto para delinquir agravado, al haber realizado pagos sistemáticos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las sumas entregadas fueron disfrazadas como “aportes a cooperativas de seguridad” o “servicios de vigilancia”, mientras en realidad fortalecían económicamente a estructuras armadas ilegales responsables de asesinatos, desplazamientos forzados y control territorial.

La justicia comprobó que la empresa transfirió más de 1.7 millones de dólares a grupos paramilitares. Dichos pagos fueron aprobados por los ejecutivos desde los más altos niveles de decisión, y se prolongaron incluso después de que las AUC fueran oficialmente catalogadas como grupo terrorista por el Gobierno de Estados Unidos.

Los condenados

Los nombres de los condenados son: Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo González, José Luis Valverde Ramírez, Víctor julio Buitrago Sandoval, y Fuad Alberto Giacomán Hasbún, directores financieros, gerentes de operaciones en Colombia y ejecutivos del comité corporativo de ética que estuvieron en ejercicio durante los años investigados.

 El juzgado también ordenó que paguen penas privativas de la libertad y que la empresa responda civilmente por los daños causados en el tejido social de las comunidades afectadas.

Urabá

Durante los años 90 y principios de los 2000, la zona bananera de Urabá, fue epicentro de masacres, amenazas y desplazamientos forzados, hechos que muchas veces se relacionaron con la presencia de actores armados ilegales.

Numerosos testimonios de víctimas en Apartadó, Carepa, Turbo, Chigorodó y otras zonas del eje bananero fueron recogidos durante el proceso judicial y fortalecieron la hipótesis de que los recursos de empresas privadas facilitaron la expansión del paramilitarismo en la región.

El caso fue objeto de investigaciones desde hacía más de 15 años. En 2007, Chiquita Brands,   había reconocido ante autoridades de EE. UU. que había realizado pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia AUC,  y pagó una multa de 25 millones de dólares en ese país, pero hasta ahora se logra una condena penal en Colombia contra ejecutivos concretos.

Organizaciones de derechos humanos celebraron el fallo, aunque recordaron que aún quedan muchos responsables por identificar y sancionar. Por su parte, representantes legales de las víctimas en Urabá esperan que la condena abra paso a una reparación colectiva, justicia restaurativa y reconocimiento público del daño causado.

Los condenados tendrán que pagar prisión intramural, les negaron el beneficio de casa por cárcel, y de una vez la sentencia quede ejecutoriada se hará efectiva la orden de captura.

El fallo de primera instancia es objeto de apelación ante el Tribunal Superior de Antioquia, y luego podría ir a casación a la Corte Suprema de Justicia.