La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por 117 hechos delictivos cometidos contra la población Wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.
La decisión judicial se produjo tras valorar los argumentos y pruebas presentados por la Fiscalía General de la Nación, que demostraron que estructuras armadas bajo su mando perpetraron homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, actos de violencia basada en género y otras conductas criminales entre los años 2002 y 2006.
De acuerdo con la sentencia, hombres del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, adscrito al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), actuaron siguiendo los lineamientos de los máximos cabecillas, entre ellos Mancuso Gómez, para extender la violencia paramilitar en amplias zonas de La Guajira.
Uno de los hechos más graves atribuidos corresponde a la incursión armada en la ranchería Manaki, en el municipio de Uribia, el 10 de octubre de 2003. Durante más de cuatro horas, varios indígenas Wayúu fueron golpeados y maltratados.
Además, los agresores destruyeron y robaron elementos simbólicos de su cultura como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, bienes que constituían su principal medio de subsistencia.
También se le atribuye el homicidio de dos indígenas Wayúu ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, igualmente en Uribia.
El Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con cerca de 150 integrantes, lo que permitió a las AUC extender sus acciones armadas a sectores comprendidos entre las zonas media, alta, noroccidental y nororiental de La Guajira, ubicadas en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Como parte de la sentencia, el Tribunal reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas Wayúu de Carraipia, Majayura y Malaki, en Uribia, y Matitas, en Riohacha.
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Salvatore Mancuso fue condenado a 40 años de prisión, con una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en el marco de la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz), se le aplica la alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones impuestas en la sentencia.
La decisión representa un paso más en el reconocimiento de la verdad, la justicia y la reparación para el pueblo Wayúu, víctima de una de las etapas más violentas del conflicto armado en La Guajira.
