La justicia colombiana condenó a más de siete años de prisión a una exfiscal del departamento del Cauca que, según determinó un tribunal, participó en una maniobra ilegal para impedir la extradición de un ciudadano colombiano requerido por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico internacional.
El Tribunal Superior de Popayán declaró responsable a María del Socorro Fernández Chávez, quien se desempeñó como fiscal en el municipio de El Tambo, por los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, la exfuncionaria abrió en 2016 un proceso penal paralelo con el propósito de favorecer a un hombre solicitado en extradición por una corte distrital de Estados Unidos por cargos relacionados con tráfico transnacional de estupefacientes.
Según el fallo, después de que el Gobierno colombiano avalara el requerimiento internacional el 17 de mayo de 2016, Fernández Chávez inició actuaciones judiciales contra el presunto narcotraficante y le imputó el delito de rebelión, pese a que la información utilizada para sustentar dicha acusación resultó ser falsa.
Las investigaciones establecieron que no existían elementos que demostraran que el hombre perteneciera a algún grupo armado ilegal. Además, la entonces fiscal habría omitido información relevante sobre una notificación roja de Interpol y anexó al expediente documentos de arraigo que presentaban inconsistencias, firmas irregulares y otros elementos falsificados.
La Fiscalía también evidenció varias anomalías durante el trámite judicial. Entre ellas, la desaparición de la grabación de la audiencia de imputación. Aunque un juzgado ordenó repetir la diligencia para garantizar el registro audiovisual del procedimiento, la exfiscal se opuso a cumplir dicha instrucción.
Las actuaciones surtieron efecto en favor del extraditable. Con la existencia formal del proceso por rebelión, el hombre presentó una acción de tutela en enero de 2017 argumentando que estaba siendo juzgado dos veces por los mismos hechos. El recurso fue acogido y, como consecuencia, se bloqueó temporalmente su extradición hacia Estados Unidos.
Tras valorar las pruebas presentadas por el ente acusador, el Tribunal Superior de Popayán impuso a Fernández Chávez una pena de 7 años y 3 meses de prisión. Asimismo, deberá pagar una multa equivalente a 294 salarios mínimos legales mensuales vigentes y quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 104 meses.
La condenada deberá cumplir la pena en establecimiento carcelario. Sin embargo, la decisión aún no está en firme, ya que contra la sentencia proceden los recursos de ley.
La Fiscalía destacó que este caso constituye uno de los episodios de corrupción judicial más graves investigados en los últimos años, debido a que involucró la utilización indebida de la administración de justicia para obstaculizar un proceso de cooperación internacional contra el narcotráfico.
