El Congreso de la República aprobó la realización de un debate unificado de control político en el que fueron citados la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, con el propósito de responder por diversas denuncias relacionadas con los procesos electorales en Colombia.
La decisión fue adoptada durante una intensa jornada en la plenaria del Senado, donde congresistas de diferentes bancadas expresaron preocupación por presuntas irregularidades en el sistema electoral, fallas en el proceso de escrutinio, denuncias de suplantación de identidad, inconsistencias en los censos y presiones de grupos armados ilegales sobre los votantes en distintas regiones del país.
Uno de los temas que generó mayor controversia fue el funcionamiento del software de escrutinio. Durante el debate se afirmó que la herramienta tecnológica continúa sin una auditoría forense independiente, pese a decisiones judiciales que, según los congresistas, ordenaban revisar su funcionamiento para garantizar mayor transparencia.
También fueron expuestas denuncias sobre presuntas anomalías en mesas de votación de municipios como Tumaco, así como posibles casos de suplantación de ciudadanos colombianos en consulados del exterior y la permanencia de personas fallecidas en el censo electoral.
Congresistas del Partido de la U también solicitaron explicaciones sobre el escrutinio de las elecciones al Congreso, al considerar que existieron inconsistencias que afectaron la asignación definitiva de curules.
Inicialmente, sectores de la oposición y del Pacto Histórico habían planteado debates por separado, pero finalmente se acordó realizar una sola sesión de control político para analizar de manera conjunta las denuncias y escuchar las explicaciones de las entidades responsables del proceso electoral.
Además de los organismos electorales, el Congreso solicitó la comparecencia de altos mandos de la Policía Nacional y de la Fiscalía para conocer los resultados de las acciones implementadas frente a las denuncias de presiones e intimidaciones atribuidas a grupos armados ilegales durante las jornadas electorales.
