El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el reciente fallo de la Corte Constitucional que insta al Congreso de la República a reglamentar la jurisdicción agraria, calificándolo como un paso clave para la defensa de los derechos del campesinado.
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario destacó la decisión del alto tribunal, asegurando que representa “un destello” en favor de la población rural. “Debo agradecer a la Corte Constitucional por su fallo sobre la jurisdicción agraria, porque termina haciendo lo que un Congreso ya vetusto no quiso hacer”, expresó.
El fallo ordena además al Consejo Superior de la Judicatura adelantar las acciones necesarias para la creación e implementación progresiva de juzgados y tribunales agrarios y rurales a partir de 2027, lo que marcaría un cambio estructural en la administración de justicia en el campo.
Esta decisión tuvo su origen en una demanda presentada por Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, y busca garantizar el principio de juez especializado en la resolución de conflictos rurales, fortaleciendo la seguridad jurídica en estas zonas.
Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, señaló que este es el momento de saldar una deuda histórica con el campesinado. Además, advirtió que el Congreso cuenta con un margen limitado de sesiones para aprobar el proyecto de ley que reglamenta el procedimiento agrario.
La funcionaria también explicó que, en caso de no avanzar la iniciativa legislativa, se aplicarán normas generales como el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo para poner en marcha la jurisdicción.
El fallo, aprobado por unanimidad, es considerado un hito en la institucionalidad agraria del país, al consolidar la hoja de ruta para una justicia especializada que permita resolver los conflictos por la tierra, una de las principales problemáticas históricas en Colombia.
Con esta decisión, el Estado colombiano avanza en la implementación de una reforma agraria integral, orientada a reducir las brechas en el acceso y uso de la tierra, beneficiando a campesinos, víctimas del conflicto, firmantes de paz y comunidades étnicas.
