En un contundente golpe contra el contrabando en el sur del país, la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), en coordinación con la Dian, logró la aprehensión de más de 33 toneladas de camarón ilegal en el municipio de Ipiales.
El operativo se desarrolló en el marco del plan ‘Semana Santa Segura’, mediante el cual las autoridades intensificaron los controles en corredores viales y pasos fronterizos estratégicos del departamento de Nariño.
La mercancía, proveniente del Ecuador, era transportada en varios camiones que evadían los controles aduaneros y no contaba con la documentación exigida para su ingreso legal al país. Según el reporte oficial, el cargamento tenía un valor comercial superior a los 965 millones de pesos.
Las autoridades detectaron el producto durante labores de verificación e inspección a vehículos de carga, evitando que fuera distribuido en centrales de abasto del país en plena temporada de alta demanda por la Semana Santa.
Además del impacto económico, el decomiso representa una acción clave en la protección de la salud pública, ya que el camarón no cumplía con los requisitos fitosanitarios exigidos por la autoridad competente. Tampoco garantizaba condiciones adecuadas de cadena de frío ni contaba con certificados de origen, lo que lo convertía en un riesgo potencial para los consumidores.
Desde la Policía Fiscal y Aduanera destacaron que este resultado no solo afecta las finanzas de las redes de contrabando en la frontera con Ecuador, sino que también protege al sector pesquero colombiano.
“Al retirar del mercado estos productos ilegales, se garantiza que pescadores y comerciantes formales puedan competir en condiciones justas, protegiendo miles de empleos”, indicaron voceros oficiales.
El Gobierno nacional reiteró que el fortalecimiento del comercio formal es clave para la reactivación económica, especialmente en regiones fronterizas.
Finalmente, las autoridades anunciaron que los controles se mantendrán durante el resto del periodo festivo e hicieron un llamado a la ciudadanía para comprar alimentos en establecimientos confiables y denunciar cualquier actividad sospechosa.
