Una demanda de nulidad electoral presentada ante el Consejo de Estado busca dejar sin efectos la elección del presidente Abelardo de la Espriella y del vicepresidente José Manuel Restrepo para el periodo constitucional 2026-2030, al tiempo que solicita un nuevo escrutinio, auditorías judiciales y verificaciones técnicas sobre los resultados de la segunda vuelta presidencial.
La existencia y el contenido de la demanda fueron divulgados por el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X, donde afirmó que cerca de 70.000 testigos digitales habrían detectado presuntas irregularidades en los metadatos asociados al software utilizado durante los escrutinios electorales. Según el mandatario, esos hallazgos sustentan la acción judicial presentada ante el alto tribunal.
La demanda fue radicada por los ciudadanos William Roy Villanueva, Jaime Casadiego León, Damián Garcés Restrepo, Alexander Montaña Narváez, Sixto Acuña Acevedo y Luis Alfredo Onofre Valencia contra el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como contra el presidente electo Abelardo de la Espriella y el vicepresidente electo José Manuel Restrepo.
El documento, de 61 páginas, solicita la nulidad de la Resolución E-3181 del 24 de junio de 2026, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral declaró oficialmente la elección presidencial. También pide dejar sin efectos los formularios E-14 en su versión electrónica, las actas de escrutinio y los formularios E-24 y E-26 correspondientes a la segunda vuelta.
Los demandantes sostienen que existieron presuntas vulneraciones a los principios de transparencia, publicidad, seguridad documental y verificabilidad del proceso electoral. Entre los argumentos expuestos mencionan un supuesto problema de «inverificabilidad estructural» y cuestionamientos relacionados con la trazabilidad y autenticidad de la información publicada durante los escrutinios.
Como pretensiones subsidiarias, la demanda solicita que el Consejo de Estado ordene un nuevo escrutinio, auditorías judiciales y verificaciones técnicas en las mesas, municipios o departamentos donde se evidencien inconsistencias documentales. Además, pide inspecciones judiciales a los sistemas informáticos utilizados por la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, así como la entrega de registros técnicos, protocolos, archivos y demás documentos relacionados con el proceso electoral.
Hasta el momento, el Consejo de Estado no ha adoptado ninguna decisión sobre la admisión o el fondo de la demanda. El proceso deberá surtir el trámite correspondiente antes de que el alto tribunal determine si las solicitudes cumplen los requisitos legales y si existe mérito para acceder a las pretensiones planteadas.
