Dos militares y una mujer que se hacía pasar por oficial habrían intentado obtener información estratégica de la seguridad presidencial. El caso destapó un entramado que pone en jaque la confianza en las instituciones.
Un escándalo sacude a la seguridad nacional tras la captura de dos militares y una mujer que se hacía pasar por oficial de Policía, señalados de intentar acceder a información estratégica sobre la seguridad del presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con las investigaciones, los implicados buscaban vulnerar protocolos y obtener datos sensibles de los esquemas de protección presidencial, lo que habría puesto en riesgo directo la integridad del mandatario.
El Tiempo reveló que el objetivo central de esta infiltración era el propio presidente Petro, hecho que prende las alarmas en los organismos de seguridad e inteligencia del Estado.
La Fiscalía General de la Nación imputará cargos por delitos como revelación de secreto, concierto para delinquir, fraude procesal y prevaricato por omisión. Mientras tanto, el Gobierno Nacional ordenó reforzar los controles internos y blindar aún más la protección del Jefe de Estado.
Este episodio revive el debate sobre posibles filtraciones e infiltraciones dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía, y abre interrogantes sobre hasta qué punto la seguridad presidencial puede estar comprometida, tal y como el Presidente lo ha denunciado en varias oportunidades.
El caso no es aislado; hay otros hechos recientes que muestran una preocupación creciente por infiltraciones, filtraciones o seguimiento dentro de entidades de seguridad:
En junio de 2025, el presidente Petro denunció que la Policía Nacional estaría “fuertemente infiltrada” tras el atentado al senador Miguel Uribe Turbay. Entre las irregularidades señaladas estuvo que el esquema de protección del precandidato fue reducido a tres escoltas (cuando debían ser siete) el día del atentado, lo que puso en evidencia posibles fallas operativas deliberadas o infiltraciones internas.
También está el caso en el Cauca, donde la Procuraduría abrió una indagación disciplinaria ante versiones de que funcionarios del Ejército habrían filtrado información militar clave a disidencias de las FARC.
Los judicializados son el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y Luisa Fernanda Salgado Fernández.
Actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, permitieron detectar un entramado ilícito que habría infiltrado operaciones en contra de estructuras delincuenciales en Bogotá y Cundinamarca, así como esquemas de protección; y obtenido información de seguridad nacional.
Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas de manera conjunta con el Ejército Nacional y la Policía Nacional en un inmueble de la localidad de Puente Aranda, en el Cantón Norte y en el Distrito Militar N°3 del Ejército Nacional, en Bogotá. La Fiscalía las presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su posible participación en los hechos conocidos, los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal.
De acuerdo con la investigación, entre marzo de 2024 y abril de 2025, el mayor Jiménez, en su calidad de comandante de una unidad del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (BAFUR 5), habría permitido el ingreso de Salgado Fernández a las instalaciones militares y la participación en operaciones tácticas y de inteligencia.
La mujer, haciéndose pasar como capitán, es señalada de asumir funciones exclusivas de los oficiales, ingresar a reuniones interinstitucionales y acceder a información de carácter reservado, secreto y ultrasecreto relacionada con indagaciones en curso, composición de los esquemas de seguridad de altos dignatarios y procedimientos judiciales contra estructuras criminales, entre estas el ‘Tren de Aragua’.
En el caso del sargento segundo Padilla Villanueva, los elementos materiales probatorios indican que sería el encargado de facilitar la entrada de la particular a las instalaciones militares, y permitirle interactuar con la tropa e involucrarse en actividades de inteligencia y entrenamiento táctico.
También se le atribuye la entrega de detalles sobre los movimientos de la unidad y de la logística para la utilización de equipos de comunicaciones y drones en las misiones, lo que permitió a la particular disponer de detalles de interés estratégico sin cumplir con los protocolos de seguridad ni contar con autorización.
De esta manera, quedaron en manos de un civil documentos oficiales, imágenes aéreas, planes de allanamiento y productos de inteligencia. Con esta fuga de material, en algunas oportunidades, se solicitaron y ejecutaron diligencias judiciales, y se indujo en error a fiscales y jueces al hacerles creer que los reportes provenían de fuentes legales y verificadas.
