Durante un acto de entrega de 6.500 hectáreas de tierra a campesinos de Córdoba, en Tierralta, el presidente Gustavo Petro confirmó que su gobierno ha iniciado conversaciones fuera del país con el grupo ilegal autodenominado “Ejército Gaitanista de Colombia”, llamado por las autoridades, como Clan del Golfo—, en busca de un eventual sometimiento a la justicia y la construcción de paz

Justicia restaurativa y “socio-jurídico”

El mandatario destacó que esas conversaciones tienen una condición jurídica, señalando que el componente «socio-jurídico» no depende del Ejecutivo, sino también de Fiscalía y jueces

Al mismo tiempo llamó al Congreso de la República para estudiar a profundidad el proyecto de ley de justicia restaurativa, radicado por el Ministerio de Justicia. Esa iniciativa busca extender ese mecanismo a delitos graves, retomando la discusión promovida durante la Ley de Justicia y Paz

De acuerdo con el jefe de Estado, “ese acuerdo, si se hace, debe entregarle tierras al campesinado de Córdoba», porque muchas de las haciendas de los antiguos paramilitares están ahora en manos del autodenominado Ejército Gaitanista.

“Entreguen la tierra al campesinado y desmantelemos la economía ilícita, así sea por zonas», demandó el presidente Petro del grupo que acaba de iniciar las conversaciones en el exterior.

El mandatario recordó: “He iniciado ya varias, no me canso de hablar, pero hemos incautado más cocaína que cualquier otro gobierno, todos los días. Estamos tratando de quitar las finanzas que hacen arder la violencia en muchas regiones de Colombia».

El presidente Petro afirmó que este proceso de diálogo diferente a los del pasado: “Hoy estamos hablando de economías ilícitas, propiamente: cocaína, la más grande quizá. Entonces sobre esto hay que hablar en las mesas de negociación: si es posible en Colombia desmantelar pacíficamente el narcotráfico para que haya paz».​

“Ley de cierre” para exparamilitares

Petro también planteó la necesidad de una ley de cierre, destinada a esclarecer hechos del conflicto armado, garantizar la reparación a las víctimas y cerrar procesos pendientes con antiguos paramilitares. Señaló que parte de la verdad quedó “enmochilada” y no llegó a quienes debía beneficiar.

El abogado del EGC

La Chiva de Urabá, consultó con el abogado Ricardo Giraldo, quien representa contractualmente al denominado Ejército Gaitanista, a lo cual respondió:

“Agradezco tu interés y comprensión. Por ahora no me es posible pronunciarme sobre este asunto, pues no cuento aún con la autorización necesaria. En cuanto esté en condiciones de hacerlo, con gusto atenderé sus inquietudes.”

El proyecto ha enfrentado la oposición del expresidente Santos, y del ex – negociador de paz Humberto de la Calle, y otros sectores de oposición y afines al Centro Democrático.

En el proceso con ex-paramilitares, existe una mesa para “cerrar el Acuerdo de Ralito”, que incluye a 18 excomandantes paramilitares; sin embargo, esto ha generado choque dentro del Gobierno, incluyendo el Comisionado de Paz, lo que conllevó a la renuncia de los exjefes de las extintas AUC, en su calidad de Gestores de Paz.