El proceso judicial conocido como el Caso Uribe se remonta a 2012, cuando el senador Iván Cepeda denunció a Uribe en debate en el Congreso por presuntos vínculos con el grupo paramilitar Bloque Metro, lo que valió para Uribe denunciara a Cépeda por calumnia y estar consiguiendo falsos testigos en su contra, pero tras investigaciones, La Corte Suprema de Justicia concluyó que fue Uribe quien intentó manipular testimonios para desacreditar a Cepeda

El expresidente enfrentó cargos por fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno simple

El 28 de julio de 2025, en una audiencia presidida por la jueza Sandra Liliana Heredia, Uribe fue declarado culpable de los dos primeros delitos, mientras fue absuelto del tercero

El fallo de primera instancia impuso una pena de 12 años de prisión, junto con una multa millonaria y una inhabilitación para ejercer cargos públicos

El proceso ha sido ampliamente comentado por su trascendencia histórica: es la primera vez que un expresidente colombiano es condenado penalmente, y ha generado un intenso debate político sobre justicia, separación de poderes y la polarización del país

Orden de encarcelamiento

Aunque la sentencia es de primera instancia y su defensa ya apeló, el 1 de agosto de 2025 se emitió la orden de encarcelamiento, formalizando la detención domiciliaria.

El 8 de agosto de 2025, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Rionegro (a través del juez Rodrigo Antonio Bustamante Mora), envió la boleta de encarcelamiento al INPEC, para que Uribe comience a cumplir su pena en su residencia en Rionegro bajo supervisión.

Según reportes, el número de interno asignado es 381770, y el documento incluye compromisos: Uribe no puede cambiar de residencia, debe permitir el ingreso del INPEC para vigilancia y necesita autorización para cualquier desplazamiento.

El propio expresidente confirmó que ya está cumpliendo la detención domiciliaria desde el 1 de agosto y que fue formalizado ante el juzgado

A pesar de que el fallo fue apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá y, eventualmente, la Corte Suprema, la ejecución de la orden de prisión domiciliaria ya está en curso. La medida ha generado manifestaciones de apoyo populares en Urabá, especialmente en Medellín y Apartadó, donde aliados del expresidente le expresaron su respaldo en marchas del pasado 7 de agosto.